En enero de 2023 entró en vigor el nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, entre los que se incluyen los del sector agrario. El nuevo sistema no permite al autónomo elegir su base de cotización, como se venía haciendo, sino que le obliga a elegir cada año una base mensual, que tiene un carácter provisional hasta que se proceda a su regularización anual según los rendimientos de su actividad. Rendimientos que, en el caso del sector agropecuario, fluctúan mucho cada año, al depender de variables incontrolables como la meteorología o los mercados internacionales.
La regularización del año 2023 se ha comenzado a finales del año 2024 y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) está notificando ahora a los autónomos si la cuota que pagaron en el año 2023 se ajusta o no a sus rendimientos netos según lo declarado en el IRPF de ese año. Si la cuota fue mayor se le devolverá lo que corresponda, y si fue inferior deberá pagar. ASAJA Castilla y León, como conocedora de las notificaciones que se han realizado a una gran parte de los profesionales del sector, ha comprobado que la mayoría de las notificaciones son porque la cuota que han pagado es mayor de lo que les corresponde según sus rendimientos netos minorados del ejercicio 2023.
Esto implica que el agricultor o ganadero va a cotizar por una base de cotización inferior a la que podría desear y que, en la mayoría de los supuestos, supone una base muy inferior a la base mínima de cotización del régimen general. Si bien a simple vista esto podría suponer una ventaja para el autónomo al cotizar menos, esto no es así, ya que estos trabajadores autónomos verán recortadas sus prestaciones sociales tanto en el corto plazo (en caso de bajas o permisos por IT, IP, maternidad o paternidad y riesgo durante el embarazo), como en el largo (jubilación).
Unión de Uniones, por su parte, alerta de que, de procederse a la regularización, los profesionales agrarios de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) antes del 1 de enero de 2023 sufrirán recortes en las prestaciones sociales de un 32%: de forma inmediata en las incapacidades temporales, a medio plazo en las de viudedad y a largo plazo en las incapacidades permanentes y jubilación. Unas caídas que aún acusarán más -un 44 %- quienes están dados de alta en el RETA después del 1 de enero del 2023.
En la misma línea, la organización pide que se informe detalladamente a cada persona afectada de la caída en las prestaciones sociales si no mantienen la base de cotización que tenía a 31 de diciembre de 2022, a la vez que se alargue tres meses -hasta el 30 de abril- la finalización de la regularización de 2023 para disponer de tiempo suficiente para difundir e informar sobre los efectos y derechos sobre las prestaciones sociales de las personas afectadas. Unión de Uniones critica que la Seguridad Social solo informa de estas reducciones durante la tramitación telemática una vez empezado a completar el proceso y, ni mucho menos, explica todos los detalles concretos de ese recorte.
Por ello, desde ASAJA consideran que se debería revisar el sistema, teniendo en cuenta a la hora de su negociación a los representantes de las organizaciones agrarias conocedoras de las especificidades del sector, puesto que, en comunidades donde las explotaciones son más pequeñas y muy profesionalizadas, los tramos de cotización van a quedar encuadrados en los tres primeros, cuyas bases de cotización están muy alejadas de la base mínima del régimen general, dando lugar a un grave perjuicio para estos profesionales y un paso atrás con respecto al año 2007, cuando se integró el régimen especial agrario de trabajadores por cuenta propia en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, a través del cual los agricultores y ganaderos cotizaban más y tenían mayores prestaciones.
El autónomo del campo quiere seguir, como hasta ahora, pudiendo elegir aumentar su base de cotización, sobre todo aquellos años que sus rendimientos estén por debajo de los habituales, algo frecuente por las causas antes mencionadas. Además, la opción de poder cotizar por una base superior permitida por la normativa solo para aquellos agricultores que en el 2022 tenían ya una base de cotización superior no es suficiente, pues no llega al resto de los profesionales que en esa fecha no la tenían incrementada y, además, esa base se mantiene fija en el tiempo y no se permite su revalorización anual, lo que conllevará una desactualización de las prestaciones.
En cualquier caso, los autónomos del sector agrario no deberían tener en ningún caso prestaciones inferiores a las que supondrían cotizar por el SMI. Y si sus rendimientos anuales no les permiten cotizar por ese tramo deberían recibir el apoyo necesario para cotizar en el tramo mínimo de ese nivel, demandan desde ASAJA Castilla y León.
Unión de Uniones concluye recomendando a todos los profesionales afectados por la regularización que opten por mantener la base de cotización que tenía en el RETA en 2022 ya que, mientras no se resuelva la nefasta situación generada, no podrán volver atrás ni, por tanto, recuperar las prestaciones sociales a cargo de la Seguridad Social que tienen a día de hoy.
Disminución de módulos por la caída de la rentabilidad.
La organización agraria riojana ARAG-ASAJA ha solicitado al Ministerio de Agricultura, a través de Delegación del Gobierno en La Rioja, una reducción generalizada de los índices de rendimiento neto (módulos) en el régimen de estimación objetiva del IRPF aplicables a las actividades agrarias que sufrieron fuertes descensos en sus rendimientos en 2024 debido a diversas causas (sequía, lluvias intensas, granizo, heladas, costes de producción…). Por todo ello, la organización agraria considera indispensable que el Ministerio tenga en cuenta esta y el resto de las problemáticas a la hora de determinar los módulos para los profesionales del sector.