La Junta de Castilla y León ha encarado los últimos dos meses del año con más de 3.200 millones de euros sin gastar de un presupuesto de la Comunidad de más de 13.370 millones tras las modificaciones contables acometidas. Esto supone que uno de cada cuatro euros seguía sin ejecutarse a falta de noviembre y diciembre por la Administración autonómica. El porcentaje de cumplimiento que revelan los datos de la Intervención General de la Comunidad escala hasta el 75 por ciento del total, una cifra ligeramente por encima del año pasado y en la media de los últimos años. Si se compara con el conjunto de autonomías, Castilla y León también presenta una mejor ejecución presupuestaria, en este caso, hasta el mes de septiembre, últimos datos oficiales que maneja el Ministerio de Hacienda. Además, hay que recordar que la Junta aprobó su presupuesto para 2024 a finales de abril, con el consiguiente retraso a la hora de poner en marcha las partidas comprometidas dentro de las cuentas públicas. Un contratiempo al que se le sumó a mediados de julio la crisis de Gobierno tras la autoexpulsión de Vox del Ejecutivo autonómico y el consiguiente reajuste de los departamentos.

Un año más, las tres consejerías sociales –Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades– son las que registran un mayor grado de ejecución presupuestaria, cercana al 80% en los tres casos. Porcentaje impulsado por el importante gasto en nóminas de tres departamentos que acaparan ocho de cada diez euros del presupuesto de Castilla y León en 2024. En el extremo opuesto se encuentran Presidencia, Agricultura y Medio Ambiente.

Un presupuesto, el de este ejercicio, que está abocado a la prórroga ante la falta de acuerdo entre el Ejecutivo autonómico y los grupos parlamentarios para sacar adelante el proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla y León para 2025. El propio consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, aseguraba recientemente que no se habían producido avances en las últimas jornadas, y reiteraba su oferta de «mano tendida» a los grupos «que quieran negociar».

Capítulos de gasto

Como suele ser habitual, los gastos de personal –el dedicado a las nóminas de los funcionarios de la Junta– es uno de los que presenta mejor estado de ejecución presupuestaria, con casi 1.870 millones de euros en obligaciones reconocidas, llegando al 82 por ciento en los diez primeros meses del año. Mismo porcentaje que el capítulo de gasto de las Transferencias Corrientes –incluye los pagos, condicionados o no, sin contrapartida directa–, que alcanza los 6.000 millones de euros.

En el caso de las inversiones reales, como es frecuente, no presenta un elevado grado de ejecución, con un 45% al 31 de octubre, ya que la tónica general de todas las administraciones públicas que suelen esperar a noviembre y diciembre para computar estos gastos dentro de sus balances.

Sin datos del Gobierno

Mientras, sigue siendo imposible saber la ejecución de las inversiones por parte del Estado en Castilla y León, ya que la Intervención General de la Administración del Estado lleva desde el año 2022 sin publicar datos sobre la distribución territorial de la inversión del Sector Público Estatal.