El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, avanzó hoy en las Cortes de Castilla y León que se inadmite el requerimiento recibido por la Junta a instancias del Ministerio de Trabajo y Economía Social en relación a la financiación pública del Serla (Servicio Regional de Relaciones Laborales). Además, señaló que ya han pasado los dos meses previstos en la legislación para interponer un recurso contencioso administrativo.
En una respuesta oral a una pregunta del Grupo Socialista sobre los ceses en la Consejería de Industria, Mariano Veganzones informó de la respuesta de la Comunidad al requerimiento recibido, a su juicio un "burdo cortapega al dictado de los sindicatos de Castilla y León", que a su juicio en el Ministerio no se han molestado en "repasar".
Al respecto, el consejero tildó al escrito de "esperpéntico" por contener un "despropósito jurídico" de "ínfima calidad técnica", "impropia", añadió, de los funcionarios del Ministerio de Trabajo. Tras leerlo atentamente, aseguró que la respuesta de la Junta, que corresponde a la Consejería de la Presidencia, es "inadmitir de plano todas sus pretensiones".
Veganzones expuso ante los miembros de la Comisión de Industria, Comercio y Empleo de la cámara autonómica que Trabajo carece de competencias para la remisión de un requerimiento a la Junta sobre la ausencia financiación pública para la Fundación del Serla, que recordó se constituyó en base a un acuerdo "privado" de sindicatos y patronal, por lo que hubiera sido considerada "nula de pleno de derecho", si la administración no le confiere el carácter de "tripartita".
En opinión del titular de Industria ninguna sentencia o norma obliga a la financiación pública de esta entidad, algo que sería un "dislate", puesto que argumentó no lo recoge la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de 2023, ni tampoco está vigente el acuerdo entre los agentes sociales y económicos con la Junta en el marco del Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASAC), que precisó no existe desde el 2 de octubre de 2020, puesto que añadió fue la propia administración la que lo denunció "en tiempo y forma".
En definitiva, Mariano Veganzones, miembro de Vox, sostuvo que el requerimiento se dirige contra un acto frente al que no cabe recursos contencioso administrativo y tampoco, a su juicio, ningún requerimiento "ni nada parecido". Además, afirmó que es "inadmisible" que el "mal llamado requerimiento" se ha registrado "fuera de plazo", porque para interponer un recurso tiene que ser en los dos meses posteriores, algo que "ya se ha excedido".
Igualmente, el consejero argumentó que no le deja de sorprender la facultad que otorga el Ministerio de Trabajo en su escrito a los sindicatos para constituir entidades públicas, con financiación también público, con una "extensión", "coste" y "eficacia" que estas organizaciones decidan "al libre albedrío" sin someterse, añadió, a los principios de estabilidad y racionalización del gasto público.
En su opinión, insistió Veganzones, les permite pedir dinero "a su gusto y placer" para un "chiringuito" que "ellos mismos han decidido crear" al margen de las competencias en materia presupuestaria de la Comunidad. Remarcó que supone un "cheque en blanco sin límites" que conllevaría que en cualquier convenio sectorial y acuerdo profesional de trabajadores autónomos se recoja la creación de "su propio SERLA", lo que obligaría la administración a financiar "decenas" de órganos de este tipo.
Finalmente, el consejero de Industria aseguró que es "evidente" que la Constitución española reconoce la "autonomía financiera" de la Comunidad frente a un requerimiento que enmarcó en el "lanzamiento" de la campaña electoral del proyecto Sumar, "de la mano de Pedro Sánchez". Sus palabras chocan contra la posición del portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien ayer en Salamanca anunció una nueva financiación "en un futuro próximo" para así "seguir garantizando la continuidad" de su actividad.