El grupo municipal socialista asegura que el equipo de gobierno tiene intención de «privatizar absolutamente todas las instalaciones deportivas» municipales a través de un macrocontrato que los de Por Ávila llevaron a la última reunión de Junta de Gobierno Local y que salió adelante, pese al voto en contra de los socialistas, con la abstención del resto de la oposición.
Tal y como aseguró Eva Arias, portavoz socialista en el Ayuntamiento, este contrato cuenta con un presupuesto de dos millones de euros y dos años de duración y está dirigido a gestionar de modo privado en las instalaciones deportivas municipales servicios que hasta ahora llevaban a cabo funcionarios públicos como taquilla, cierre, mantenimiento de instalaciones o socorristas, entre otros. El contrato, apuntó Arias, es similar a otros que ya existían para algunas instalaciones deportivas municipales pero ahora se piensa extender al conjunto de espacios deportivos de la ciudad. Así, entre las instalaciones que según el PSOE se van a privatizar estarían el pabellón San Antonio, el complejo deportivo Manuel Sánchez Granado en su totalidad, el CUM Carlos Sastre en su totalidad, el conjunto de la ciudad deportiva de la zona sur, el futuro pabellón del Arturo Duperier, las instalaciones deportivas de la pista de atletismo, los campos de Sancti Espíritu o la pista de skate.
Aseguran los socialistas que el motivo esgrimido por los de Sánchez Cabrera para externalizar estos servicios es que el Ayuntamiento no cuenta con personal, si bien desde el PSOE entienden que esto es consecuencia de que durante los últimos años la gestión de recursos humanos en el Ayuntamiento de Ávila «ha sido un desastre total» y que ahora «intentan poner un parche privatizando absolutamente todo».
Para el PSOE la solución pasa porque estos servicios públicos sean prestados por trabajadores municipales y porque se convoquen las plazas necesarias para ello. Apuntan que esto supondría la creación de una veintena de puesto de trabajo de empleados públicos «que sí podrían gestionar en su totalidad todas las instalaciones». Y es que, aseguran desde el PSOE, no hay que olvidar que las empresas que prestan este tipo de servicios tienen un beneficio empresarial que pagan todos los ciudadanos. En concreto, aseguró Arturo Barral, portavoz adjunto del PSOE, en el caso del control de accesos a instalaciones deportivas estaríamos hablando de 45.000 euros al año, cuantía, apuntó, con la que se podría contratar a un trabajador municipal para hacer esas funciones.
Respuesta equipo de gobierno. Preguntado por las críticas vertidas por el grupo municipal socialista desde Por Ávila aseguran que el contrato no afecta a un servicio que fuese público y que ahora se vaya a privatizar explicando que el Ayuntamiento "ha sacado a licitación la semana pasada un pliego que permite atender el socorrismo, mantenimiento, celaduría y taquillería de las instalaciones deportivas" y recordando que "este contrato antes estaba dividido en dos, en función de las instalaciones deportivas, y ahora se unifica para dar servicio a todos los espacios deportivos municipales". Sin ese contrato, aseguran desde el equipo de gobierno, "no se podrían mantener abiertos los complejos deportivos o las piscinas".