El Foro Emilia Pardo Bazán, al que pertenece la Universidad Católica de Ávila, en representación de las universidades privadas, ha mostrado su posición crítica ante la propuesta urgente de reforma del Real Decreto 640/2021, que afecta a la creación, reconocimiento y autorización de universidades.
Tras la reunión mantenida en la mañana de este jueves en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, desde el Foro Emilia Pardo Bazán se reafirmó «nuestro total compromiso con la calidad y excelencia del sistema universitario y nuestro desacuerdo con un proyecto que no responde adecuadamente a la realidad ni a las necesidades del sistema universitario en su conjunto».
Este Foro considera «inaceptable» la exposición de motivos que acompaña al proyecto al considerar que «parte de un planteamiento erróneo y ofrece una visión distorsionada de las universidades privadas». En este sentido, precisan que «éstas, al igual que las de titularidad pública, contribuyen a la diversidad del sistema educativo y a garantizar el principio de igualdad de acceso a la Educación Superior. Además, garantizan el cumplimiento de la misión de la Universidad: docencia de calidad, investigación rigurosa y transmisión del conocimiento».
Por otro lado, desde el Foro afirman que «el proyecto genera una grave inseguridad jurídica y vulnera principios fundamentales como el de irretroactividad, al imponer nuevas obligaciones y requisitos sobrevenidos que afectan a derechos adquiridos por las instituciones, sin siquiera haber finalizado los plazos establecidos en el Real Decreto actualmente vigente». Estas medidas, recalcan, «amenazan la estabilidad de las universidades y siembran incertidumbre sobre su futuro y el de todos los estudiantes universitarios».
Además, aseguran que «el proyecto incurre en un exceso de reglamentación que invade la autonomía de las universidades, tanto públicas como privadas, imponiendo normas que limitan su capacidad de autogobierno y de adaptación a sus propios modelos educativos, lo que resulta contrario al respeto institucional que debe prevalecer en el ámbito universitario».
Para el Foro Emilia Pardo Bazán, resulta de «especial gravedad» la pretensión de limitar el número de nuevos planes de estudios que se pueden presentar a verificación y modificación sustancial, puesto que, a su juicio, «limita la capacidad de innovación y la adaptación a las necesidades cambiantes de la sociedad actual».
Finalmente, consideran que «las medidas planteadas no son idóneas para alcanzar los fines que se manifiestan perseguir, estableciendo restricciones que dificultan el desarrollo de un sistema universitario plural, competitivo y de calidad». En este sentido, apuntan que «la desconexión entre los fines perseguidos y los medios establecidos revela una falta de coherencia y eficacia en el diseño normativo, fruto de la urgencia y falta de debate con que se está planteando una medida de tanto calado como ésta».
Como conclusión, el Foro Emilia Pardo Bazán solicita que «se reconsidere el contenido del proyecto normativo en tramitación, revisando el diagnóstico inicial y ajustando el marco normativo propuesto para que todas las universidades, tanto públicas como privadas, puedan continuar contribuyendo eficazmente al desarrollo de un sistema educativo diverso, accesible y de calidad, que responda a las verdaderas necesidades del país y de su ciudadanía».