Castilla y León necesita que la próxima revisión del modelo de financiación, que lleva ya una década caducado, establezca como ponderación las variables no poblacionales, tal y como contempla el Estatuto de Autonomía. Una reivindicación para la que elConsejo de Cuentas pide a la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios una postura de Comunidad con la que plantear esta damanda al Gobierno de España cuando se abra el 'melón' del sistema de financiación autonómica. Y es que la Comunidad tiene una infrafinanciación anual de 395 millones de euros, 158 euros por habitante, lo que supone un déficit acumulado de 5.137 millones en los recursos liquidados del sistema de financiación autonómica entre 2009-2021, que en la práctica supone que un seis por ciento de promedio de gasto social no esté cubierto.

El informe sobre el modelo de financiación autonómica presentado ayer por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ante la Comisión de Economía de las Cortes revela  que la financiación líquida que recibe la Comunidad por parte del Estado se elevó un dos por ciento con respecto a 2009, mientras que su gasto social aumentó el 19%. En concreto, según se recoge en el informe, el déficit acumulado de financiación desde 2009 hasta 2021, calculado por la diferencia anual entre la financiación líquida recibida y el gasto social, asciende a 6.722 millones.

No obstante, sí se descuentan los recursos extraordinarios recibidos en 2020 y 2021 ante la pandemia, de 843 y 741 millones, respectivamente, asciende a 5.137 millones. El gasto social –sanidad, educación y servicios sociales– por habitante en Castilla y León pasa de 2.514 a 3.219 euros de 2009 a 2021, la cuarta con mayor aumento respecto a 2009, un 28%. En este sentido,Amilivia reclamó la creación de un fondo específico contra la despoblación a repartir entre las comunidades con menor densidad poblacional.

Importancia de la población

La reclamación del Consejo de Cuentas de ponderar las variables no poblacionales en la próxima revisión del modelo, tiene como explicación que en el actual sistema de financiación, la población ajustada mide la necesidad de gasto de los distintos servicios fundamentales, y es determinante para el reparto del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales, pero ha ido disminuyendo su peso relativo ponderado si se compara con el que tenía en 2010. En Castilla y León, ha pasado de representar el 6,23% al 5,84% en 2021. Esta variación negativa de 0,39 puntos implica una pérdida de recursos en 2021 estimado en 387 millones.

El informe recuerda que el cálculo de la población ajustada otorga un peso residual a los factores no poblacionales, en concreto de un 3%, lo que incide en el coste diferencial de prestación de los servicios. De manera que esta escasa ponderación afecta a la financiación de Castilla y León, ya que no refleja las singularidades que presenta por su superficie, su dispersión y el impacto de la distribución geográfica de la población en el reparto de los recursos.

Unanimidad de los grupos

Por su parte, todos los grupos políticos de las Cortes mostraron sintonía y respaldaron de forma unánime una reforma del actual modelo de financiación autonómica que tengan en cuenta singularidades de la Comunidad como sus elevados índices de envejecimiento, despoblación y dispersión, tal y como defendió Amilivia.