Una mujer, de iniciales T.B.R., fue condenada este miércoles a dos años de prisión y una multa de algo más de cuatro mil euros como autora responsable de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud. El acuerdo entre las partes, ministerio fiscal y defensa, evitó el desarrollo de un juicio en el que la acusada se iba a enfrentar a una pena de cuatro años y medio de prision y a una multa de 29.750 euros, según la petición inicial del fiscal. La defensa, por su parte, mostró inicialmente su disconformidad con la acusación y pidió la libre absolución de su cliente, aunque finalmente aceptó el acuerdo para dejar la pena en algo menos de la mitad.
Así las cosas, el presidente de la Audiencia Provincial dictó sentencia 'in voce' y condenó a T.B.R. a esos dos años de prisión por tráfico de drogas que causan grave daño a la salud y multa de 4.018,77 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un mes de privación de libertad, así como la privación del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de condena y el pago de las costas. Para ello se introdujo la circuntancia atenuante como muy cualificada de la "grave adición" de la acusada al consumo de drogas, al acreditarse su condición de "toxicómana".
Según el relato de los hechos aceptado, en marzo del año pasado la mujer, que no vive en la provincia, fue sorprendida por miembros de la Guardia Civil en un control rutinario a la altura del punto kilométrico 13,600 en la CL-501, en el término municipal de Sotillo de la Adrada, en posesión de un paquete con envoltorio de plástico negro que contenía cerca de cien gramos netos de cocaína con una riqueza del 82,7%, lo que equivalía a la cantidad de 82,16 gramos y con un precio en el mercado ilícito de 9.917,49 euros. La sustancia intervenida resultó ser propiedad de la acusada, que pensaba destinarla al "consumo de terceras personas", de ahí que se le atribuyera un delito de tráfico de drogas.
En la sesión celebrada en la Audiencia Provincial la defensa pidió la suspensión de la pena de prisión por entender que se dan los requisitos para ello y justificó la condición de desempleada de la acusada para que fuera eximida del pago de la multa, pidiendo también la suspensión de la responsabilidad personal subsidaria por impago. El fiscal no se opuso a la suspensión de la pena principal, condicionada a que no vuelva a delinquir en el plazo de la condena y a que se someta o continúe con el tratamiento de desintoxicación. El presidente de la Audiencia Provincial explicó que las decisiones sobre la suspensión de la pena y sobre el supuesto impago de la multa se tomarán en otro momento.