La Comisión de Venecia ha estado dos días en España, con la intención de conseguir los datos necesarios para realizar un informe sobre la Ley de amnistía que provoca tanta polémica en España que ha llegado a las instituciones europeas. El jueves, con los miembros de la Comisión ya en Madrid, se pronunció el Parlamento Europeo, que votó mayoritariamente que los delitos de terrorismo no pueden incluirse en ningún tipo de amnistía, dato que ha inquietado profundamente al gobierno y al partido socialista, porque abre una brecha de imprevisibles consecuencias en las relaciones entre el gobierno y Puigdemont.

La Comisión, adscrita al Consejo de Europa -no confundir con el Consejo Europeo-, está formada por siete expertos en derecho constitucional de distintos países. Es un organismo consultivo, no vinculante, pero sus informes cuentan con gran prestigio y su importancia se advierte al comprobar el interés que se ha tomado el ministro de Justicia Félix Bolaños, el hombre para todo de Pedro Sánchez, incluidas las negociaciones con Junts para analizar la situación de Puigdemont.

Bolaños ha querido ser la primera persona que se reuniera con la Comisión durante su estancia en Madrid, aunque los constitucionalistas europeos pudieron mantener encuentros con varias de las instituciones y organismos relacionados con la ley de amnistía, entre ellos el presidente en funciones del CGPJ, más un vocal del grupo considerado conservador y otro progresista, el Fiscal General del Estado, y la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Sociales que ha defendido públicamente su posición favorable a la constitucionalidad de la Ley de Amnistía que todavía se está debatiendo.

No era una visita cómoda para el gobierno, aunque hay que reconocerle que intentó que el programa fuera lo más completo posible. Días atrás se ponía el acento desde Moncloa en que se trata de un órgano solo consultivo, pero en más de una ocasión Pedro Sánchez ha aludido a informes de la Comisión de Venecia para dar más fuerza y argumentos a diferentes iniciativas de su gobierno.

Nadie podrá poner en duda que trabajan de forma minuciosa, incluso concienzuda. De hecho, en sus reuniones en España han hecho preguntas que demostraban que habían estudiado a fondo la situación que ha provocado tanta polémica. Se interesaron por la posición del gobierno y de sus socios respecto al lawfare y las acusaciones de que hay jueces que actúan políticamente; se interesaron por las reformas del código penal respecto a la sedición y malversación, preguntaron por qué la tramitación de la Ley de Amnistía se hace a través de una propuesta de ley del partido socialista y no de un proyecto de ley del gobierno, y también qué consecuencias puede tener la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha anunciado Pedro Sánchez.

Se comprende la preocupación del gobierno por la visita de la comisión. Más aún después de la votación del Parlamento Europeo, todo un hachazo a la Ley de Amnistía negociada entre Puigdemont y los enviados de Pedro Sánchez.