Movilizaciones a nivel estatal o regional en medio de la división entre las organizaciones agrarias, a pesar de ser mayoritariamente coincidentes sus reivindicaciones, han sido la tónica general de este año en el sector agrario.

Desde la perspectiva de las organizaciones convocantes de las movilizaciones, ASAJA y COAG actuaron conjuntamente en todas las convocatorias desde las protestas del pasado mes de abril a las últimas de diciembre. Por el contrario, UPA solamente se sumó en una ocasión a las dos siglas, al igual que las Cooperativas Agro-alimentarias. En lo que respecta a la cuarta sigla, Unión de Uniones, ha seguido actuando por libre a nivel estatal. Viejas guerra sindicales pendientes bloquean su presencia con las otras organizaciones, a pesar de ser una OPA representativa a nivel estatal en virtud de las elecciones celebradas y con un peso muy importante en territorios como Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura o Cataluña.

El año que finaliza, desde la perspectiva de los problemas y de las reivindicaciones agrarias, ha sido un periodo de viejas demandas, de retos que no se acaban de lograr, a pesar de estar años en las mismas plataformas reivindicativas con gobiernos de diferente color.

Sobre las mesa de Agricultura, a pesar de haberse registrado avances y algunas modificaciones de exigencias como la voluntariedad del cuaderno y del veterinario de explotación, que eran costes añadidos, siguen las exigencias de una mayor flexibilización y de simplificación, de eliminación de mucha de la actual burocracia que obliga prácticamente a los agricultores y ganaderos a tener una gestoría en casa.

El comercio agroalimentario es una actividad clave de la política agraria, tanto si se habla de exportar como de importar. Por un lado, sin unos mercados exteriores sanos se acabarían o se cerrarían en parte muchas explotaciones en sectores tan importantes de producción y cultivos como viñedo, olivar o porcino. Por el otro, no se pueden perder de vista las importaciones por la realidad productiva en terceros países, especialmente los menores costes y en muchos casos las condiciones de inseguridad alimentaria si ha habido tratamientos con productos zoo o fitosanitarios hoy prohibidos en la UE. Limitar entradas en volumen y aumentar las exigencias de calidad mediante la aplicación de la denominada cláusula espejo son retos que se mantienen vivos para 2025 en aras de los intereses de los productores españoles y también de los consumidores.

Apoyar la rentabilidad de la actividad agraria ha sido un reto histórico del sector, para lo cual, en un pasado lejano, se promovían subidas de los precios de los productos a través de acuerdos de Gobierno, junto a un control en las subidas de los precios de los medios de producción. Sobre el papel, esa vieja aspiración del sector agrario se habría resuelto desde 2014 con la puesta en marcha de la Ley de la Cadena Alimentaria, por la que los precios percibidos deben tener integrados los costes de producción desde el campo y en cada eslabón. La experiencia, con los datos en la mano, es que sí se han producido avances, pero sin que se haya clarificado la cadena debido a los insuficientes controles y, sobre todo, por los poderes de negociación diferentes entre un agricultor o ganadero que vende productos perecederos y un comprador-comerciante interesado en comprar barato.

Costes.

El sector agrario también revisa el viejo problema de los costes en un mercado libre. En aras simplemente de la transparencia, en el Ministerio de Agricultura se constituyó el denominado Observatorio de los precios donde, ambas partes, proveedores industriales y sector agrario, se miraba a la cara en una mesa, unos para dar explicaciones y argumentos sobre las subidas y otros denunciando las mismas. No ha funcionado el sistema y lo que se veía como una iniciativa interesante de transparencia se ha ido muriendo por falta de datos y de efectos prácticos.

Los seguros agrarios han sido considerados tradicionalmente como otro de los ejes más importantes de la política agraria por la posibilidad que brinda a agricultores y ganaderos de garantizarse unos ingresos a un coste aceptable. En la práctica, la realidad es que, año tras año, y como consecuencia en muchos casos de una muy elevada siniestralidad por la climatología y no por una mala labranza de los agricultores, se han impuesto las exigencias de las entidades aseguradoras, que se podrían concretar en rebaja de coberturas e incrementos de las primas para ajustar resultados.

Hoy se mantiene el debate sobre un seguro que oficialmente se trata de sostener, además de con incrementos de primas, con aumentos de las subvenciones a las primas hasta un mínimo del 40% y que pueden llegar a cubrir hasta el 70% si es el caso de jóvenes, profesionales y explotaciones prioritarias. Con estos ajustes se garantizaría el actual ejercicio, pero se mantienen dudas sobre su futuro sin más ajustes si avanza el cambio climático.

En la actividad ganadera los problemas se agrandan año tras año, muy especialmente para las cabañas extensivas, básicamente por falta de mano de obra y, en muchas ocasiones, por la baja rentabilidad. Las granjas intensivas han ido ganando terreno mientras se agotan las ganaderías extensivas, con lo que ello supone para la producción de otra oferta y para el sostenimiento del territorio.

No hay visos de que en este nuevo año se vayan a dar salida a los problemas del relevo generacional ante la falta de jóvenes que se incorporen a la actividad. Todos los datos coinciden en el galopante envejecimiento de los activos agrarios, entre los que la edad media supera los 61 años, un 67% tienen más de 55 años y un 40% supera los 65 años. A nivel autonómico, y también desde el Ministerio de Agricultura, se han tratado de articular apoyos para la incorporación de jóvenes a la actividad con diferentes medidas como una línea de financiación de 27 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial y la sociedad de Caución, SAECA.