La Diputación de Ávila insta a ADIF y al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que negocien y reviertan la situación del personal en la estación de ferrocarril de Arévalo, garantizando la presencia de los agentes en todos los turnos y todos los días del año, ya que  «de otra manera supondría un grave perjuicio de inseguridad para las personas usuarias de este servicio», y asegurando igualmente la continuidad de la apertura de dicha estación. Así se recoge en la moción presentada por el Grupo Popular y aprobada este lunes por el Pleno, con la abstención del PSOE, en la que se muestra el apoyo y solidaridad de la institución provincial con las reivindicaciones de los vecinos de Arévalo y su comarca en un frente común de la representación de consumidores, sindicatos y Ayuntamiento contra un futuro cierre de la estación.

Esta propuesta, de la que se dará traslado a las administraciones instadas, Delegación del Gobierno de Castilla y León, Subdelegación del Gobierno en Ávila, Cortes nacionales y Cortes regionales, recoge la preocupación de los vecinos de la capital morañega por la intención de Adif de reducir el número de agentes, de seis a dos, en la estación de ferrocarril las tardes y noches y fines de semana y festivos.

Una situación que, como indica la moción, «podría convertirse en realidad si Adif y, por tanto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, no atienden a la preocupación fundada de la sociedad civil arevalense, el propio Ayuntamiento, el comité de Adif y la representación sindical, y que provocaría un grave perjuicio a la ciudad de Arévalo, a la comarca de la Moraña y, por tanto, a nuestra provincia».

También recordó en su defensa de esta propuesta el portavoz del Grupo Popular, Juan Carlos Sánchez Mesón, la concentración convocada el pasado viernes contra el cierre de la estación de ferrocarril de Arévalo y contra lo que supondría la intención de Adif de la reducción presencial de agentes como «prólogo del cierre total de la estación».

«El Ayuntamiento de Arévalo ha elevado escritos a la Subdelegación del Gobierno de Ávila y a la Dirección General de Gestión de Personal de Adif, trasladando su preocupación, que también lo es del comité de Adif, por la intención de cierre de la estación de trenes durante las noches, fines de semana, festivos y los periodos de vacaciones del personal, lo que supondría un grave perjuicio para Arévalo y su comarca», apuntó Sánchez Mesón.

Esta moción contó con el apoyo de los grupos de Por Ávila y Vox y del diputado no adscrito Carlos Jiménez. Desde XAV, su portavoz, Óscar Jiménez, justificó el sentido del voto de su grupo en el apoyo a las reivindicaciones de los arevalenses por «el negativo impacto que tendría esa medida para los vecinos y las empresas» y porque «comprometería la movilidad de la provincia, dado que la estación de Arévalo, junto a la de Ávila, son las más importantes de la provincia en cuanto a tráfico de viajeros y mercancías».

También Fernando Toribio, de Vox, expresó su apoyo a «los vecinos y colectivos que expresaron su rechazo al cierre de la estación» y criticó el «abandono sistemático de los distintos gobiernos a la provincia de Ávila», mientras que el diputado no adscrito, Carlos Jiménez, afirmó que «cualquier medida que evite el cierre de la estación tiene mi apoyo».

Por su parte, la portavoz socialista María del Carmen Iglesias, cuyo grupo se abstuvo, dejó claro que «la estación de Arévalo no se va a cerrar porque el Ministerio ni siquiera se lo plantea. Lo que se hace es cambiar la organización del personal de circulación, que no afecta a los viajeros». Por ello, calificó la moción presentada por el PP de «oportunista, para echar a la ciudadanía encima del Gobierno».

El Pleno de la Diputación de Ávila también aprobó este lunes, con el voto en contra del Grupo Socialista, una moción presentada por Vox en la que se insta al Gobierno de España a derogar el decreto de registro de viajeros que establece desde el pasado 2 de diciembre la obligatoriedad de exigir a la agencias de viajes, hoteles y empresas de alquiler de vehículos que recopilen y almacenen «una gran cantidad de información personal de los viajeros, como datos de identidad, medios de pago, dirección completa y otros detalles especialmente sensible», como recoge en su exposición de motivos la propuesta.

Para el portavoz de Vox, Fernando Toribio,, dicho decreto «incrementa significativamente la carga burocrática, encarece los servicios turísticos y expone a los negocios a sanciones desproporcionadas».

La moción plantea «derogar las disposiciones relativas a las solicitudes de datos personales de viajeros a establecimientos turísticas previstas en el decreto, recuperar lo requisitos previos sobre libros de registro y partes de entrada de viajeros, y consensuar con el sector cualquier medida y reducir los trámites administrativos innecesarios que perjudican al sector turístico con el objetivo de reforzar su competitividad y garantizar la seguridad jurídica a largo plazo».

El PP, que apoyó la moción, señaló a través de su portavoz, Juan Carlos Sánchez Mesón, que el decreto de registro de viajeros «está originando perjuicios al sector y genera muchas trabas burocráticas. En Europa no se exige tanta documentación y por tanto va en perjuicio de este sector y de la provincia de Ávila», por lo que «se debe retrotraer a la normativa anterior».

En la misma línea se expresó el portavoz de Por Ávila, Óscar Jiménez, criticando el «aumento de la carga administrativa y la petición de datos sensibles», así como la posibilidad de que suponga un incremento de la «ciberdelincuencia».

Y el diputado no adscrito, Carlos Jiménez, también se mostró «totalmente de acuerdo» con los términos de la propuesta de Vox y dejó claro que «los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ya tienen archivos de los clientes con la documentación que se pedía anteriormente».

Por contra, la diputada del PSOE, que votó en contra, calificó de «alarmista, populista y radical» la propuesta, al tiempo que aseguró que «es una moción precipitada porque esto no ha hecho más que empezar». María Ángeles García Salcedo indicó que decreto «es un instrumento para dotar de herramientas eficaces a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y negó que se haya hecho de espaldas al sector con «el que el Gobierno está en contacto». «Los datos se prestan con todas las garantías y es para proteger al ciudadano y al sector turístico», afirmó, pero «si tiene fallos, el Gobierno está dispuesto a cambiarlo».

Farmacias ZBS Burgohondo.

No corrió igual suerte la moción presentada por el PSOE sobre medidas para garantizar la prestación de los servicios de guardia farmacéuticos en la Zona Básica de Salud de Burgohondo, que fue rechazada con los votos en contra del Grupo Popular. Por Ávila apoyó la propuesta y Vox se abstuvo.

De igual forma fue rechazada otra propuesta socialista, en este caso para facilitar la participación de los ganaderos de Ávila en la subasta de ganado selecto de El Colmenar, que contemplaba la reserva de lotes para titulares de explotaciones ganaderas ubicadas en esta provincia y para menores de 40 años. Votaron en contra PP, Vox y el diputado no adscrito Carlos Jiménez.

Y tampoco contó con los apoyos suficientes la propuesta de Por Ávila para que la Diputación elabore y adopte un reglamento que determine las normas de gestión de sus redes sociales. En este caso la única oposición fue la del Grupo Popular.