Corren tiempos en los que no resulta extemporáneo recordar que una democracia consolidada es aquella en la que hay división de poderes, libertad de prensa, la alternancia está asegurada y hay normas no escritas que los principales partidos políticos respetan. O deberían respetar.
En España, por desgracia, tenemos ejemplos de qué algunos de esos pilares están siendo dañados. Todo empezó con Rodríguez Zapatero y el miserable "pacto del Tinell" -urdido con Maragall- en el que sentaron las bases de lo que llamaron el "cordón sanitario" para frenar la alternancia impidiendo un gobierno del Partido Popular desvirtuando así el sentido del resultado de las votaciones cuando no alcanzaban mayoría para formar gobiernos en solitario.
Algunos de nuestros males actuales vienen de ahí porque Pedro Sánchez lo actualizó -el "muro contra la derecha extrema y la extrema derecha"- convirtiéndolo en la hoja de ruta que desembocó en el gobierno Frankenstein. Sánchez perdió las elecciones -el vencedor fue el PP- pero pudo formar gobierno. No dio margen a la alternancia como sí hizo en su día Felipe González renunciando a renovar los acuerdos con Jordi Pujol. Aquella renuncia facilitó el "pacto del Majestic" que llevó a José María Aznar a La Moncloa.
La separación de poderes es otro de los pilares a los que el sanchismo ha puesto en riesgo mediante la colonización de las instituciones. El caso más llamativo ha venido siendo la Fiscalía General del Estado. Si un día y sin solución de continuidad una ministra (Dolores Delgado) pasaba a ocupar el cargo al frente de la Fiscalía, al siguiente Sánchez se jactaba de que el susodicho poder judicial dependía del Gobierno. La cerrada defensa del actual fiscal general (García Ortiz), investigado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, cierra el círculo de esa estrategia que desvirtúa la separación de poderes.
En la misma línea que delata el propósito de constreñir la actuación independiente de los jueces se anuncia la llamada "ley Begoña", una proposición de ley que por su contenido dispositivo con efectos retroactivos apunta a convertirse en un artefacto legal diseñado para acabar con algunos de los procedimientos penales abiertos contra familiares del entorno presidencial. Y, puestos a recordar el ataque a otro de los pilares sobre lo que se asientan las democracias consolidadas, ¡qué decir¡ del intento reiterado de descrédito de los medios que no le bailan el agua al Gobierno. Visto como están las cosas no está de más señalar los peligros que amenazan algunos de los pilares del sistema.