Por unas causas o por otras, relacionadas con los intereses partidistas, los pensionistas no tienen asegurada la subida de sus pensiones a lo largo del año, ni el conjunto de los ciudadanos el transporte más barato, ni los abocados al desahucio quedarse en su casa. La responsabilidad del Gobierno es la de mezclar muchas cosas en un solo saco, que da lugar a que cualquier grupo parlamentario pueda sentirse agraviado. El voto en contra de Junts del decreto ómnibus es una demostración más de que la gobernabilidad del país les da lo mismo, lo que en este caso va acompañado de que también les importa una higa la mejora de las condiciones de vida también de los catalanes.
Que el PP sea capaz de negar la subida de las pensiones, o diferirlas, -porque alguna solución habrá que encontrar el Gobierno a corto plazo para recuperar su poder adquisitivo- por cualquiera de los dos motivos esgrimidos, que le han cedido al PNV un palacete en París de 15 millones de euros, cuando la subida de las pensiones es de miles de millones y doce millones la personas beneficiadas; o que hayan preferido -al contrario que en el dicho, quedarse ciegos por ver tuerto al Gobierno- para mostrar su debilidad parlamentaria, probablemente es un mal negocio. Perjudicados por la derrota del Gobierno, además, son los damnificados de la DANA, los del volcán de La Palma, los más vulnerables.
Cierto que el Gobierno trata de jugar con ventaja con el decreto ómnibus, -vaya novedad, que no se ha utilizado nunca antes-, pero en pocas ocasiones antes un partido con voluntad de alternativa había sido tan torpe en materia estratégica, porque los golpes le van a venir desde la izquierda y desde la ultraderecha que le come el terreno, si sabe jugar sus cartas, que lo sabrá, por su populismo desaforado.
Si tanto Junts como el PP esperan que esta derrota haga cambiar de opinión a Pedro Sánchez y dé por clausurada la legislatura y convoque elecciones anticipadas probablemente se equivoquen. Es preciso esperar a la reacción popular hacia lo que puede haber sido un error estratégico de los dos partidos de la derecha por perjudicar a los ciudadanos. El partido de Carles Puigdemont está urgido por hacer creer a sus votantes que son más de lo que son, que olviden su pérdida del poder en Cataluña y qué haciendo daño al conjunto de los españoles, también a los catalanes, pueden alcanzar un poder que en el peor de los casos para ellos tardarán tres años y medio en tratar de recuperar. ERC, su némesis catalana, recordó que Junts es la heredera de la CiU del 3% y el socio natural del PP, que se apoya en Vox, para acabar con el gobierno de Pedro Sánchez. El PP, por su parte tendrá que dar muchas explicaciones a los jubilados que nada saben del palacete de París.
Ejecutivo que ya conoce la insaciabilidad de Junts trata de alcanzar, sin conseguirlo, un tiempo sin incertidumbres. Miriam Nogueras llama juego de 'trileros' a la actuación del Gobierno y este considera que no puede estar sometido de forma permanente al chantaje -la misma acusación- del partido de Puigdemont y sus arbitrariedades.
Como prueba de la culpabilidad de que los pensionistas sufrirán por el voto del PP, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aludió a la sentencia del crimen de los marqueses de Urquijo, que dijo que había sido cometida por una persona "o en compañía de otros". En este caso Junts.