El Tribunal Superior de Justicia (TSJ)de Castilla yLeón ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo que un grupo de vecinos de la zona centro de la capital abulense había presentado hace algunas semanas para instar a la anulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad. Será este tribunal ahora el que tenga que requerir la documentación pertinente al Ayuntamiento de Ávila para analizar si esa petición de no implantar las medidas para restringir el tráfico en esa parte de la capital tiene base jurídica o no.
No es descabellado pensar que este paso dado por el alto tribunal regional pone en riesgo la ejecución de un acuerdo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en el pasado mes de mayo, y que está previsto que entre en funcionamiento el próximo 1 de enero, aunque también en una reciente sesión plenaria del Consistorio abulense se aprobó una moratoria de seis meses, hasta el 1 de julio de 2025, para las sanciones a los conductores que incumplan las normas contempladas en esta ordenanza.
Han sido vecinos del caso histórico, los más afectados por la puesta en marcha de, no olvidemos, una directiva europea obligatoria para las ciudades de más de 50.000 habitantes, los que han pasado de quejarse en los corrillos a presentar una reclamación judicial ahora aprobada, lo que supone un paso importante a la hora de hacer frente a lo que consideran que es una medida «arbitraria» a la hora, sobre todo, de delimitar la zona y circunscribirla al casco histórico.
Hay que reconocer que la solución a la protesta planteada por el grupo de personas que se consideran más afectadas por la ZBE no se antoja sencilla. Está claro que una vez que se ha judicializado el asunto, al Ayuntamiento de Ávila no le queda otra solución que esperar para saber qué es lo que opina el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre su ordenanza y después, actuar en consecuencia, pero conviene recordar también que lo que se ha hecho desde la sede municipal no ha sido sino cumplir con un mandato que es incluso supranacional, vinculado su cumplimiento, además, a la posibilidad de disponer de unos recursos económicos que han ayudado en los últimos años que mejorar, y mucho, a la ciudad. Europa marca unas obligaciones y a cambio da una serie de derechos y beneficios, y eso hay también que tenerlo en cuenta. La clave de todo este asunto está, por tanto, en la capacidad de negociación que haya entre los afectados y los obligados a cumplir las leyes, una cuestión que, por lo que se ve, hasta el momento ha sido nula, lo que ha llevado a una judicialización que nunca se sabe cómo puede terminar.