Después de tensas reuniones, planteamientos inaceptables y trágalas asumidos, PSOE y Junts están cerca ya de suscribir el acuerdo que permitiría a Pedro Sánchez ser investido presidente. Esta circunstancia no ha hecho sino acrecentar las voces críticas dentro del propio partido socialista y aumentar la crispación de parte de la población, que ve peligrar el principio de igualdad ante la ley y ante el fisco que sustenta todo nuestro ordenamiento jurídico. No se trata ya de superar líneas rojas que nadie hasta ahora se había atrevido a cruzar, sino de presentar como mejor solución aquella que hasta hacer apenas cuatro meses se calificaba de inconcebible. Por si estas dosis de enfrentamiento no fueran suficientes, el juez de la Audiencia Nacional García Castellón ha imputado al expresidente y a otros ex altos cargos de la Generalitat delitos de terrorismo al considerarles cabecillas de la plataforma Tsunami que organizó protestas masivas en contra de la sentencia del procés.
La concesión a los separatistas de una proposición de Ley sobre la amnistía quiebra uno de los elementos centrales de la convivencia en el conjunto del país, por cuanto deja impunes unos hechos que causaron tanto dolor como indignación. Justificarla en una mejora de la convivencia en Cataluña es, además de una añagaza, un factor muy peligroso pues viene a decir que para el PSOE el fin justifica los medios, lo que está en las antípodas de una concepción ética y moral de la política.
Mención aparte merece la condonación de un 20% de la deuda de Cataluña al Estado, porcentaje que Junts y ERC quieren elevar al 100%, que ha sido, a la postre, la gota que ha colmado el vaso de la indignación social y que se ha convertido en el ariete que ha impulsado al líder del PP, Alberto Núñez Feiióo, a redoblar su presión en las calles en contra de la investidura. La sensación de que Sánchez se ha plegado a todas las exigencias de los nacionalistas crece no solo en aquellos que no le votaron en las pasadas elecciones generales sino, lo que es más preocupante, también en las filas socialistas.
El laberinto en el que se ha metido Pedro Sánchez no admite ya más que una salida coherente: la convocatoria de nuevas elecciones y que, ya con todas las cartas sobre la mesa, los ciudadanos decidan si lo que quieren es un Gobierno de PPy Vox u otro de un PSOE que llevaría a cabo la amnistía. Las últimas encuestas indican que los españoles se decantan por la primera opción, pero un Partido Socialista poniendo pie en pared ante el cúmulo de exigencias de los separatistas también tiene un relato coherente para enfrentarse con solvencia a los comicios. La amnistía es un asunto demasiado importante como para no jugar con especulaciones sobre el sentimiento de los españoles sino con certezas.