La defensa de una actividad agraria en base a una explotación familiar bien dimensionada y rentable que haga atractivo el relevo generacional y con una agricultura en manos de agricultores profesionales constituyen dos de los retos más importantes a los que se enfrenta el sector agrario, no solamente en este nuevo año, sino con una mirada más a largo plazo puesta en el futuro del sector y también del medio rural.

Los jóvenes son cada vez más reacios a su incorporación a la actividad agraria, a residir en los pueblos y a tomar el relevo generacional de las explotaciones. Estos huecos son aprovechados, en unos casos, por otros profesionales que han optado por seguir y redimensionar sus explotaciones, lo que supondría un paso adelante en las estructuras productivas. Pero, en otros casos, han sido cubiertos por empresas agroalimentarias y, sobre todo, por la amenaza de los fondos de inversión que, además de las tierras, controlan también algunas producciones. Ello supone más poder para influir sobre los mercados, a la vez que suben los precios de la tierra y limitan el acceso a la misma para los profesionales del campo.

Sobre la mesa del sector agrario se halla hoy el debate entre la agricultura familiar dimensionada y la que traen de la mano los grandes grupos empresariales de industria agroalimentaria o los grandes fondos de inversión. En ese objetivo de aumentar el control sobre las tierras productivas, los actores no se hallan, en líneas generales, interesados en los cultivos de grandes superficies extensivas de secano -bajas en rendimiento- como los cereales o las leguminosas, sino en otros con mayor interés para operar en los diferentes mercados, entre los que destacarían, según los datos manejados por la consultora CBRE, el olivar para el aceite -menos para la aceituna de mesa-, el viñedo, las frutas y hortalizas mediterráneas, los cítricos en particular y, como productos nuevos al alza, el almendro y el pistacho.

La actividad y la rentabilidad del sector en los próximos meses, al margen del comportamiento de los fenómenos climáticos, estará también ligada al desarrollo de las políticas agrarias, en unos casos en manos de la Administración nacional y en otros bajo las influencias de factores exteriores en unos mercados globalizados.

Para el sector agrario, en este 2025 seguirá siendo determinante la política de acuerdos en materia agroalimentaria con terceros países, bien de forma individual, como sería el caso de Marruecos, o conjuntamente con varios países, donde destaca el suscrito recientemente por la UE con los países de Mercosur. Su entrada en vigor no se producirá hasta aproximadamente dentro de un año, periodo en el que cada uno de los países de ese bloque y también los estados miembros de la Comisión de la Unión Europea han de ratificarlo. Falta un año, pues, para ver los efectos de ese pacto sobre los mercados y las producciones comunitarias, sobre todo en lo que afecta al progresivo desmantelamiento de los aranceles para las importaciones desde esos terceros países. Bruselas aspira a exportar más bienes de equipo, más bienes industriales y servicios a cambio de abrir más las fronteras para la importación de productos agrarios y alimentarios como vacuno, aves, cereales o soja, lo cual puede acarrear un fuerte impacto sobre el sector agrario nacional.

En teoría, el sector se hallaría protegido por las cláusulas espejo, en virtud de las cuales los productos importados deben cumplir las mismas exigencias de producción y calidad que las que tienen que cumplir los productores comunitarios, sobre todo en materia de sustancias zoo y fitosanitarias, lo que conlleva más costes para el agricultor o ganadero, además de evitar la entrada de productos que puedan contener residuos perjudiciales para su consumo.

Sobre el tejado, este año se halla el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y, en consecuencia, su eficacia a la hora de regular y controlar el comportamiento de cada uno de los actores de la misma desde que sale un producto del campo hasta que llega al consumidor. A pesar de los mecanismos de control, inspección y sanciones, para el sector agrario ha faltado eficiencia para evitar ventas a pérdidas que, a la postre, se fueron cargando sobre las espaldas de los productores en origen.

Movilizaciones.

En la agenda del sector agrario se han vuelto a marcar en rojo nuevas protestas. El año pasado, los primeros meses fueron escenario de las movilizaciones más importantes del campo. Hoy se mantienen las mismas demandas. Para unas siglas, estas reivindicaciones tendrían solo un marcado carácter económico. En otros casos -Unión de Uniones, una escisión de COAG- con una amplia representación territorial-, las protestas son una manifestación de su fuerza e incluyen también la necesidad de una clarificación de la representatividad y su reconocimiento por parte de la Administración central. Una representatividad que podría venir por las urnas pero también por otros sistemas de medición en base a oficinas, servicios y afiliados.

El seguro agrario se presenta como un reto permanente en busca de un equilibrio que nunca llega entre las primas al alza y las coberturas a la baja, con mayores franquicias que no evitan el incremento de la siniestralidad. Agricultura elevó su apuesta por el seguro agrario con fondos para el pago de primas que pasaron de 284 a 315 millones, aumento que solo en algunos casos es correspondido con más aportaciones de las comunidades autónomas. El seguro tiene que afrontar el reto de una mayor universalización para equilibrar los resultados. A pesar de ese incremento de los fondos para 2025, el sector sigue reclamando que la siniestralidad extraordinaria se saque del sistema general para ser cubierta por fondos extraordinarios de las Administraciones.

Con diferentes enfermedades en sanidad animal que afectan especialmente a ovino y vacuno, faltan medidas para potenciar un plan sanitario integral en el que las respuestas no sean solamente los enterramientos y las compensaciones, sino evitar la propagación de las enfermedades con medidas preventivas en las explotaciones y en frontera.

Otro de los retos de la política agraria es la de facilitar el cumplimiento de las exigencias de la PAC, para lo cual es indispensable avanzar en su simplificación y flexibilización, como ya se hizo con la eliminación obligatoria del Cuaderno de Explotación. Toca iniciar los debates sobre la PAC en 2027 y en ellos la simplificación se hallará entre los principales objetivos.

La rebaja de la fiscalidad en medios de producción como el gasóleo y los fertilizantes es otra reivindicación permanente junto a los mecanismos sobre el IRPF y el sistema de módulos, sin dejar a un lado una política adecuada de financiación, vía el ICO y Saeca.

Un año más en el que, además de la política y los mercados, será clave la evolución del clima y de las producciones.