Una investigación sobre obras en cuarteles de la Guardia Civil conecta Ávila al caso Mediador, teniendo en cuenta que al menos ?una de las empresas que se menciona corresponde a un empresario vinculado a este caso por el que se investiga una presunta trama de mordidas entre empresarios y políticos, también con referencias a fiestas y prostitución. En el caso de los cuarteles de Ávila, de lo que se trata es de obras de pintura e impermeabilización en cuarteles, con trabajos facturados en su totalidad cuando, supuestamente, muchos de ellos no se habían realizado al completo o ni siquiera se habían iniciado.
Según se confirmó desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla yLeón, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ávila abrió diligencias previas en 2019 por un delito de malversación a raíz de un atestado de Servicios Internos de la Guardia Civil en el que se denunciaba una posible actuación ilícita en una serie de contratos para obras en acuartelamientos. El juez instructor tomó declaración como investigados al entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, a un empresario y a un colaborador de este último.
Tras estudiar el asunto, el juzgado de Ávila entendió que no era competente ya que el mayor cargo supuestamente implicado y al que señalaban las declaraciones efectuadas, un teniente general de la Guardia Civil, tenía la sede oficial en la Dirección General de Madrid. Por lo tanto, dictó un auto en el que acordó la inhibición a favor del Juzgado Decano de Madrid para el conocimiento de todas las actuaciones.
Uno de los investigados recurrió dicho auto, primero ante el juzgado y posteriormente ante la Audiencia Provincial de Ávila, solicitando el archivo de la causa. El juzgado rechazó sus pretensiones y el tribunal provincial también desestimó esta apelación al entender que aún quedaban muchas diligencias por practicar y porque, en definitiva, la competencia para dictar la resolución final correspondería a un órgano judicial de Madrid.
Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 confirmó la inhibición para la continuación de la investigación en Madrid, en concreto, por parte del Juzgado de Instrucción 3 de la capital.
Según consta en el auto de la Audiencia Provincial de Ávila por el recurso de apelación, el Ministerio Fiscal informaba que las diligencias se incoaron por un atestado de los Servicios Internos de la Guardia Civil en el que se denunciaba la posible actuación ilícita por el entonces jefe de la Comandancia de Ávila y un empresario, administrador de las empresas Angrasurcor S.L. y Solocorcho S.L. Servicios Internos ponía de manifiesto, según consta, que entre el segundo semestre de 2016 y principios de 2017 estas empresas habrían conseguido la adjudicación de contratos para la realización de trabajos de pintura y de impermeabilización de edificios de numerosos acuartelamientos de la provincia de Ávila, pese «a que lo habitual era que este tipo de obras venían siendo realizadas por empresas locales». Sin embargo, las referidas estaban domiciliadas en Canarias.
Se indica que los trabajos facturados se habrían abonado en su totalidad, con una asignación presupuestaria que se habría descentralizado desde la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil pese a que, los trabajos en muchos de los acuartelamientos «no se habrían realizado en su totalidad, y en otras ni siquiera se habrían iniciado». Fue con un pago, según esos informes, autorizados por el jefe de la Comandancia «tras certificar que los trabajos estaban perfectamente realizados».
El Ministerio Fiscal indica que, en la declaración en calidad de investigado del responsable de la Comandancia en Ávila, éste puso de manifiesto que la contratación de las empresas vino determinada por la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil. Esto llegó a que Asuntos Internos iniciara una nueva vía de investigación que reveló que en trece comandancias de la Guardia Civil de diferentes lugares de España, entre ellos Ávila, empresas del mismo empresario y un autónomo vinculado al mismo «habrían llevado a cabo trabajos de pintura e impermeabilización en fechas próximas, incrementándose enormemente la facturación e ingresos de dichas empresas».
Esta intevención de la Audiencia, que terminó llevando el caso a Madrid, también recogió que el responsable de la Guardia Civil en Ávila aclaró que su condición era la de ser responsable de la Comandancia pero no la de ser responsable del cometido de las obras sino que se limitaba «a la firma de los conformes de unas facturas emitidas, tras la gestión y supervisión debida de los responsables de la Oficina de Gestión Económica de la Comandancia de Ávila».