Visto para sentencia el juicio que este miércoles se celebraba en la Audiencia Provincial de Ávila y en el que se juzgaba a dos hermanas (C.L.F. y G.L.F) por un delito de revelación de secretos.

Los hechos se remontan al año 2010, cuando una de las dos acusadas (C.L.F.), que por aquel entonces era trabajadora delServicio Público de Empleo (SEPE) habría accedido en varias ocasiones y aprovechándose de su condición de trabajadora pública a los datos personales del ex marido de su hermana (F. R.J) con el que ésta se encontraba en ese momento litigando para ver si se modificaban el importe de la pensión alimenticia que éste pasaba a las hijas de ambos.

Según defendieron en la vista tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal, la acusada C.L.F. habría accedido hasta en cuatro ocasiones y desde distintos terminales al expediente de su ex cuñado para conocer de primera mano en qué punto se encontraba la solicitud de capitalización del paro de éste para, de esta manera, facilitarle esos datos a su hermana y al que entonces era su marido y abogado (ya fallecido pero que también llegó a estar encausado) con el fin de que pudieran usarlos en el juicio que se celebró apenas unos días después (en abril) de que ella hubiera accedido a esa información.

«En esa vista, el abogado dio la cifra exacta de la capitalización que se me había concedido, cuando yo no sabía aún que se me había concedido», expuso en su declaración F.R.J., que aseguró que él sólo pudo comprar después de ese momento la cantidad exacta que se le había concedido.

«Yo me quedé perplejo y mi abogada me dijo que habían accedido a mis datos», prosiguió hablando, y explicó que fue entonces cuando presentó una queja ante el INEM.«A los dos días me llamó el subdirector general y me dijo que se había cometido un delito y que tenían identificados los terminales desde los que se había accedido a mis datos, y que se iba a actuar con la máxima diligencia», expuso el denunciante, que explicó también que después de aquella vista, y al no concedérsele la modificación de medidas en la pensión alimenticia que había solicitado (por estar en paro y no poder hacer frente al total de la misma) sufrió numerosas complicaciones, como el embargo de su cuenta o el no poder cubrir su cuota de autónomo. «Fue frustrante», recordó F.R.J.

La que fuera su cuñada y primera de las acusadas, basó su defensa en asegurar que esos accesos al expediente del denunciante obedecieron únicamente al «proceso didáctico» al que se estaba sometiendo al haber llegado recientemente a la oficina de Virtual-RATEL de la Dirección Provincial de Prestaciones de Ávila.

«Reconozco haber tenido acceso a los datos. Lo único que hice fue acceder a un expediente con un proceso didáctico», argumentó.

En la vista se hablaron de los cuatro accesos que habría habido al expediente en cuestión.El primero habría sido el 10 de marzo desde la oficina delSEPE de ElTiemblo, adonde la acusada se desplazó para realizar una sustitución y desde donde se conectó con las claves de una compañera. La segunda tuvo lugar el 12 de marzo y fue desde la terminal de la que entonces era la jefa de la acusada que, según explicó ésta, ejercía con ella labores didácticas. Y las otras dos restantes fueron el 17 y el 31 de marzo, en este caso, desde el puesto de trabajo de la acusada y con sus claves.

«Jamás he divulgado el contenido de ese expediente», insistió la primera de las acusadas en su defensa final, en la que reconoce que desde aquella época sufre ataques de ansiedad y necesita de medicación para dormir.

Ella aseguró, y en eso coincidió además con su hermana, que no mantiene desde hace muchos años relación con ella, por lo que aseguró no tener la necesidad de facilitarle dato alguno.

También se declaró inocente la segunda de las acusadas, G.L.F., que aseguró que nunca le dijo a su hermana que consultada la base de datos de su ex marido, coincidió con su hermana al asegurar que entre ellas no había relación personal desde mucho antes del juicio y que insistió en que ella no supo que su ex marido habría solicitado la capitalización de su paro para emprender un negocio. «Dejé todo en manos de mi marido.Era algo que me afectaba mucho», planteó G.L.F, que habló también de un «acoso total» por parte de su ex marido con el que llegó a tener, comentó, hasta 30 procedimientos en marcha.

testigos y conclusiones. En el juicio tomaron parte como testigos compañeros de la trabajadora del SEPE. Por una parte, el que era director de la Oficina de Empleo en ElTiemblo en el momento de los hechos confirmó por una parte la sustitución que la acusada hizo en ElTiemblo. Y, por otra, la jefa de área de Virtual-RATEL, una testigo que participaba por primera vez e estos 15 años en el proceso a petición de la defensa de C.L.F. y que explicó que para resolver ciertas dudas los empleados del SEPE acceden a expedientes reales para poder así, de manera didáctica, poder atender a los usuarios.

Por último, en las conclusiones finales el Ministerio Fiscal diferenciaba entre el acceso «ilegítimo» a los datos de F.R.J. por parte de una hermana y la utilización de esos datos por parte de la otra, hechos, en su opinión, «más que acreditados». Según él, resulta «absolutamente insostenible» la casualidad de la conexión por parte de una hermana al expediente de su ex cuñado en un momento tan concreto.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal mantuvo este miércoles su petición de pena: una condena para C.L.F. de tres años de prisión y una de un año y seis meses para G.L.F. Una petición de condena exacta a la de la acusación particular que, eso sí,  suma una inhabilitación absoluta por un tiempo de 12 años, según el artículo 198 del Código debido a su condición de funcionaria pública.

Por su parte, las defensas de las imputadas solicitaron de nuevo su absolución.