El Consejo de Cuentas de Castilla y León recomienda a la Diputación Provincial de Ávila la mejora de la regulación del plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal y otros planes o instrumentos de asistencia y cooperación para la realización de inversiones, actividades y servicios municipales. En tal sentido, el órgano autonómicos de control externo aconseja a la institución abulense que incluya en su regulación las adecuadas medidas de planificación estratégica al objeto de conocer, por ejemplo, los costes efectivos de los servicio prestados por los municipios de su demarcación territorial, un análisis previsto en la normativa aplicable.
Esta es una de las cinco recomendaciones, cuatro dirigidas a la Diputación Provincial, recogidas en el informe que analiza el nivel de prestación y asistencia de la institución abulense a los municipios pequeños, en los ejercicios 2019-22. Este es uno de los trabajos realizados recientemente por el Consejo de Cuentas y que entregó a las Cortes de Castilla y León. Se trata de una fiscalización programada para las nueve diputaciones provinciales de la Comunidad y para el Consejo Comarcal de El Bierzo para analizar si dicha asistencia está alienada con los establecido por la normativa de régimen local.
El informe señala que la Diputación de Ávila no ha realizado el análisis de los costes efectivos de los servicios prestados en los municipios en la forma y con el alcance previstos en la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, además de no llevar un control sobre la forma de prestación y coste efectivo de los servicios municipales. La institución provincial concedió en la etapa 2019-2022 un total de 23,6 millones de euros en subvenciones a los municipios dentro del Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal (POS). Su financiación corrió a cargo de la institución con una media del 82% y con las aportaciones municipales (18%). Los ayuntamientos más pequeños recibieron mayor ayuda, en relación con su población, que los más grandes, circunstancia coherente con la finalidad de los planes provinciales, si bien los objetivos y los criterios de distribución deberían acreditarse en una memoria justificativa. Por otra parte, en la etapa analizada no consta la aprobación de un plan estratégico de subvenciones ni una normativa específica reguladora para el Plan de Obras y Servicios, concretándose dicha regulación en la Ordenanza General de Subvenciones aprobada en 2016. La diputación aprobó siete planes provinciales y el importe anual de dichas ayudas se elevaría en el periodo a 17,8 millones.
En cuanto a la prestación de servicios en los municipios, la Diputación no ejerce las competencias de asistencia de los planes económico-financieros de las entidades locales ni las de contratación centralizada en los municipios menores de 20.000 habitantes, además de no desarrollar funciones respecto a la gestión informatizada de los padrones. Las obligaciones reconocidas en el periodo por la prestación de servicios y el desarrollo de actividades a cargo de la diputación en sus municipios, que incluyen los gastos presupuestarios de carácter directo (personal, suministros, contratación externa...), se elevó a 43,3 millones, lo que representa una media del 9% del presupuesto consolidado, y del 100% del presupuesto de los dos consorcios adscritos. Dentro de dicho importe no figuran incluidas las ayudas del POS.En esta línea, las prestaciones que más recursos absorbieron fueron el servicio de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes (52%), la gestión de la recaudación tributaria (28%) y la prevención y extinción de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes (11%). En relación con las competencias atribuidas por la normativa sectorial, la diputación atiende materias de 7 bloques funcionales, que totalizaban 9,8 millones en 2022. Las relativas a acción social y servicios sociales, las que más recursos absorbieron (91%), concentrándose sobre todo en el servicio de ayuda a domicilio.