Castilla y León se prepara para un arranque del nuevo año 'caliente' en las calles con las primeras convocatorias de huelgas y manifestaciones por parte de los sindicatos mayoritarios. El riesgo del fin del Muface y la sanidad pública son las causas que CSIF, por un parte, y CCOO y UGT, por otro, pusieron ayer sobre la mesa para anunciar que volverán a salir a las calles durante el primer trimestre de 2025. De esta forma, convocaron a profesionales y usuarios a salir a las calles con una manifestación el 15 de marzo en Valladolid en defensa de la sanidad pública, tras las masivas celebraciones de los años 2018 y 2019.
Los dos sindicatos de clase anunciaron que se pondrá el foco en «la desidia, inacción, ineficiencia y estupidez» de la Consejería de Sanidad, que «repercute negativamente» en los pacientes y en los trabajadores del sector, y a la que acusaron de acometer una «política de trampantojos, llena de promesas, pero la burra no se mueve», crear diferencias entre trabajadores y maquillar los datos de listas de espera. Además, ambos sindicatos coincidieron en que «las cosas han cambiado desde 2023, pero a peor, porque los problemas se han agudizado».
Aunque ni el recorrido ni la hora están definidas, los representantes de ambos sindicatos han adelantado que se desarrollará «por las calles centrales» de la capital y que comenzará sobre las 12.00 horas. Una protesta que ya cuentan con el respaldo de formaciones políticas como PSCyL, IU, PC y Ahora Decide, si bien los sindicatos están en contacto con organizaciones sociales para que sea un movimiento «masivo».
En el caso de CSIF, fue su presidente nacional, Miguel Borra, el encargado de avanzar ayer en Valladolid que si el Gobierno y las aseguradoras no llegan a un acuerdo que garantice la continuidad y viabilidad de Muface antes del 27 de enero, el sindicato convocará en la primera quincena de febrero una jornada de huelga en la Administración General del Estado, sector educativo y Correos.
Borra, que reclamó al Gobierno que ponga fin a la situación de «incertidumbre» que vive Muface y garantice la continuidad del actual modelo y una asistencia sanitaria de calidad, «que muchos mutualistas están dejado de recibir». En el conjunto de España son 1,5 millones de personas las afectadas por esta incertidumbre, de las que unas 200.000 son de Castilla y León. En un comparecencia junto al dirigente autonómico de CSIF, Benjamín Castro, advirtió que la situación en Muface es «absolutamente insostenible» y aseguró que en las últimas semanas se están recibiendo cientos de quejas de mutualistas en las que se denuncia la falta de atención médica, la denegación de pruebas y el retraso en los procedimientos. «Hay casos que son dramáticos. Exigimos que el gobierno garantice claramente la viabilidad del sistema y la calidad de la atención médica, a la vez que pedimos al presidente del Gobierno que se involucre en la solución de este problema», informa Ical.