Penúltimo capítulo: Oscar Puente cesa al secretario general de Puertos, uno de los cargos más relevantes de su departamento, el Ministerio de Transportes. Ha sido cesado por su vinculación con la compra de mascarillas a través de la trama organizada en torno al famoso Koldo García Izaguirre, asesor durante años de José Luis Ábalos y mano derecha del exministro.

No se va a ser el responsable de Puertos el único personaje que caiga. Los jueces analizan con detalle los informes elaborados por la UCO de la Guardia Civil, páginas y audios por los que desfilan personajes de muy alto rango, así como colaboradores de esos personajes. Y también la mujer del presidente de gobierno, con un papel que exige explicación.

La presidenta del Congreso, una de las personas implicadas en la compra de mascarillas y sobre todo en la no devolución del dinero que costaron, aunque se comprobó que no cumplían los requisitos sanitarios, convocó una rueda de prensa para presentarse como víctima inocente de una trama y cargó las tintas contra el PP que, según Armengol, al considerar la sospechosa ha traspasado las líneas rojas que no debe cruzar un partido. Que Armengol mencione "líneas rojas" cuando pertenece al partido que pertenece, con un secretario general y presidente de gobierno que ha traspasado todo lo traspasable y más, no deja de sorprender. Empezando por la línea roja de la amnistía, a punto de aprobarse porque lo exige Puigdemont, aunque Pedro Sánchez aseguró y reaseguró que jamás la aceptaría porque era inconstitucional.

El gobierno está desconcertado, preocupado, angustiado, noqueado. Llaman algunos ministros a periodistas de confianza para preguntarles, a última hora de la tarde, con qué salen al día siguiente. Y casi siempre la respuesta es inquietante: los informes de la UCO recogen conversaciones que demuestran que personas relevantes del PSOE y del gobierno, hicieron negocio a través de redes de comisionistas que pronto advirtieron que había gente en el círculo de Moncloa y Ferraz dispuesta a hacerse de oro aprovechando sus poderosos cargos.

La lista de nombres que aparecen en los papeles que han conformado el caso Koldo es apabullante, con ministros, dirigentes regionales, colaboradores y asesores externos, y utilización de medios oficiales para llevar a cabo sus operaciones que olían desde lejos a delictivas. Operaciones en las que circulaban los billetes de 500 euros para sortear las obligaciones fiscales, pagar comisiones no permitidas, comprar voluntades de nuevos altos cargos y hacerse de oro aprovechando la necesidad de comprar material sanitario para hacer frente a una pandemia que segó miles de vidas.

Está noqueado el gobierno, pero no asume sus responsabilidades, sino que, por el contrario, busca a quiénes señalar como promotores de una monumental campaña para desprestigiar a Pedro Sánchez y su equipo. Pero no cuela: hay motivos para desconfiar de la honradez de algunos miembros destacados del sanchismo. Y acabarán cayendo, porque incluso la fiscalía europea ha decidido investigar qué pasó con las mascarillas españolas, qué uso se dio a los fondos de la UE.