La contundente oposición mostrada por comunidades autónomas como Andalucía o Aragón al impuesto a las energéticas, que consideran un «error estratégico», y advierten de que utilizarán los instrumentos «legales e institucionales» para evitar que se permita bonificar el gravamen a unas regiones como el País Vasco y no a otras llevó ayer al Gobierno a admitir que «tendrá que renunciar a mantener estos gravámenes temporales a las eléctricas y a la banca si no consigue los apoyos parlamentarios necesarios». No obstante, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, manifestó ayer que no tira la toalla y confía en «convencer de las bondades de pedir un mayor esfuerzo a aquellos que han tenido mayores beneficios».

«Si el Gobierno no cuenta con una mayoría suficiente, no podrá cumplir con que esos impuestos permanezcan a lo largo del tiempo», reconoció Montero, protagonista de una negociación con los socios de la investidura que se está poniendo tan cuesta arriba como la de los Presupuestos de 2025.

Las reticencias del PNV se volvieron ayer a repetir por su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, por el temor a que el impuesto a las energéticas termine ahuyentando la inversión de las empresas afectadas.

El PNV podría aceptar su continuidad si se establece esta fiscalidad dentro del concierto vasco, lo que permitiría al Ejecutivo autonómico modificar los tipos de gravamen o bonificarlos, algo que, con la figura actual, no puede hacer.

La vicepresidenta se mostró confiada en poder superar las discrepancias, también con Junts, con el que cree que se abre una oportunidad de diálogo una vez celebrado su congreso político este fin de semana.

Presión de los empresarios

Mientras, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, lideró las voces del mundo empresarial que advierten que, si se mantienen estos gravámenes, el nivel de confianza de las compañías disminuirá y «los grandes proyectos de inversión caerán».

Garamendi subrayó que sobran los «impuestos a la carta» y tildó de «incomprensible» el planteamiento del Ejecutivo cuando «están en juego miles de millones de euros en inversiones industriales» necesarias para la transición energética.

Las grandes patronales de la banca española, AEB y CECA, insistieron también en su «enérgico rechazo» a la posibilidad de que el Ejecutivo establezca como permanente el tributo temporal al sector y avisó de las negativas consecuencias que esto tendría para la concesión de créditos y para la Unión Bancaria europea.

La negociación se queda sin oxígeno, ya que los gravámenes temporales pierden vigencia a final de año y se agota el tiempo para que su diseño permanente pueda estar aprobado en dos meses.