Lo anunciaron a principios del mes de junio y acaban de dar el paso. Vecinos de la zona centro de Ávila formalizaron esta semana un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para instar a la anulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Ávila, la cual fue aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Ávila de mayo y entrará en funcionamiento, si nada lo impide, el 1 de enero del próximo año. 

La iniciativa, que inicialmente contó con el respaldo de más de 400 vecinos que se sumaron al escrito de las alegaciones presentadas a la propuesta de ordenanza de la ZBE(las cuales fueron rechazadas), sigue encabezada por el abogado Pablo Casillas, con la compañía de una decena de vecinos que siguen en esta lucha. En este punto Casillas explica que, no es que hayan perdido apoyo, sino que el hecho de que un ciudadano de a pie se implique en este tipo de acciones ante la Justicia es más complicado. «Las administraciones litigan con pólvora del Rey y el ciudadano no», resume gráficamente.

Una vez presentado esta semana el escrito de interposición del recurso contencioso ante el TSJ, será esta administración la encargada de admitirlo a trámite o no y, en caso afirmativo, «se recabaría el expediente del Ayuntamiento y luego podremos formalizar la demanda», apuntó. 

Pablo Casillas insiste en que la intención es que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad de Ávila quede derogada por entender que «carece de motivación» y de argumentos técnicos y jurídicos que avalen su establecimiento en el casco histórico. A su juicio no se ha llevado a cabo el estudio de todas las circunstancias que afectan a una medida de tanta relevancia, en ámbitos como la movilidad, la calidad del aire y la acústica de todas las zonas de la  ciudad, de ahí que hablen de «arbitrariedad» en la decisión de la delimitación de la ZBE de Ávila, la cual tiene su núcleo central en el recinto intramuros aunque también comprende los entornos del Mercado Grande y el atrio de San Isidro. El área definida supera los 485.000 metros cuadrados, cuenta con más de 3.300 viviendas en las que viven más de 4.200 habitantes censados y, a partir del 1 de enero, pondrá restricciones de acceso para los vehículos a motor que, por su antigüedad, no tienen derecho al distintivo ambiental. En Ávila se estima que serán 16.000 los vehículos afectados por no disponer de etiqueta.

En su alegaciones también incluyeron el análisis de la situación existente desde el punto de vista del ámbito poblacional y económico de la ZBE, con pérdida de residentes, así como de las plazas de aparcamiento en superficie que se encuentran en el recinto delimitado, por entender el «perjuicio que sufren los vecinos, titulares y usuarios de los negocios». También se expuso que con la ZBE no se prioriza al peatón, la inexistencia de carriles de bici en el recinto o que para su elaboración no se hayan seguido las directrices de un PMUS (Plan de Movilidad Urbana de Ávila) que todavía no está finalizado.

Eso sí, Pablo Casillas aclara que en su recurso no han pedido que se establezcan medidas cautelares para la entrada en vigor de la ZBE, prevista el 1 de enero, por las dificultades que eso pudiera conllevar. «Si luego se anula tendrán que asumir las consecuencias, pero vamos a ejercer un derecho ciudadano en interés de muchos y del futuro de la ciudad, que se va a ver condicionado, aunque seamos pocos», declaró. 

el caso de madrid. La presentación del recurso contencioso administrativo a la ZBE de Ávila llega unos días después de conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado las Zonas de Bajas Emisiones de la capital madrileña al considerar, entre otras cuestiones, que se da una «patente insuficiencia del informe de impacto económico» de las medidas adoptadas en la Ordenanza municipal, según informó Europa Press. 

El Ayuntamiento de Madrid ya ha anunciado que recurrirá la sentencia del TSJM ante el Tribunal Supremo mediante un recurso de casación, cuyo plazo de presentación concluye el 29 de octubre.