El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, puso ayer duda la negativa de Nuclenor, empresa propietaria de la central de Santa María de Garoña (Burgos), a una posible reapertura de la planta. Un extremo que deslizó en la sesión de control al Ejecutivo del Pleno de las Cortes después de explicar que se había reunido con el presidente y el director general de Nuclenor antes de que anunciara hace unas semanas la elaboración del informe de viabilidad a las puertas de Garoña. Todo ello después de que el procurador de Podemos, Pablo Fernández, criticara que el Gobierno autonómico vaya a encargar dicho estudio de viabilidad sobre la puesta en servicio de estas instalaciones, que se encuentran en situación de parada desde hace varios años.
Por ello, consideró «curioso» que el procurador morado dijera que la empresa no está dispuesta a reabrir la planta, pese a no haberse visto con sus directivos, como si ha hecho él número dos de la Junta. Ante las críticas de Pablo Fernández por destinar dinero público a estudiar la viabilidad de una empresa privada, García-Gallardo le respondió que el informe costará «menos del 0,1 por ciento del despilfarro anual del Ministerio de Igualdad».
Además, García-Gallardo censuró que en mitad de una situación de «emergencia» el Gobierno central destine 20.000 millones a las políticas «identitarias feministas».
Humo tóxico
Ya en el turno de réplica, el procurador morado consideró «deplorable, lamentable y una vergüenza» que la Junta destine fondos públicos para que se «lucre» una empresa por el «capricho» de la «ultraderecha», de lo que también responsabilizó al PP por permitir los «desvaríos» con tal de seguir en la «poltrona». «Quieren pagar con dinero público un estudio para una reapertura que se niega la empresa propietaria de la misma», lamentó el parlamentario de Podemos, que, además, auguró que el estudio de viabilidad se adjudicará a una empresa cercana a Vox, partido al que acusó de estar haciendo «demagogia barata» y vendiendo «humo tóxico».
«Piensa el ladrón que todos son de su condición», le espetó García-Gallardo a Pablo Fernández, antes que acusar a los miembros de Podemos de «esquilmar» el dinero de los gobiernos de latinoamérica. En este sentido, defendió que la Junta elabore el estudio de viabilidad por ser un proyecto industrial que podría generar 600 empleos directos y destacó los 70 proyectos existentes en el mundo para poner en marcha nuevos reactores nucleares.
Además, García-Gallardo criticó el apoyo de los morados a las renovables ya que aseguró la energía nuclear es «la mitad de costosa». Por último defendió la seguridad de esta planta, ya que aseguró, en tono irónico, que «sufre más radiación la ministra Irene Montero en su viaje a Nueva York que un trabajador de Garoña durante un año».
Finalmente, Pablo Fernández advirtió al vicepresidente de laJunta de que España importa el 100 por 100 del uranio que alimenta las centrales nucleares, por lo que puso en duda que esta fuente garantice la soberanía energética del país. Ante esto, el vicepresidente señaló que con la producción de la mina de Retortillo (Salamanca), paralizada por la administración, se podría abastecer durante 50 años las centrales de España y Europa.