Puigdemont no cesa en su empeño de salirse con la suya. Inasequible al desaliento luchó para volver a ser presidente de la Generalitat sin conseguirlo -le metió un gol ERC al pactar con Sánchez- y ahora sigue luchando por ser uno de los beneficiados por la Ley de Amnistía.

Ha pinchado en hueso ante Pablo Llarena, el juez del Supremo que instruye su causa, y que ha vuelto a dar una mala noticia al fugado al rechazar las alegaciones que hicieron los abogados de Puigdemont para que se le aplicara la amnistía. Llarena no se mueve un ápice de su posición tener en cuenta las consideraciones del gobierno para tratar a Puigdemont con guante blanco. No se rinde, y además de mantener durante años las órdenes de busca y captura contra el fugitivo adaptándolas a su situación de inmunidad como eurodiputado, ahora ha dado a conocer su respuesta negativa a las alegaciones del ex president con argumentos incuestionables: en primer lugar la propia Ley incluye la malversación entre los delitos que quedan fuera de la amnistía; segundo, Llarena desmonta punto por punto la interpretación de Puigdemont de que él no cometió malversación.

La Ley de Amnistía trae cola, no hay día en el que no sea noticia que un socialista destacado -no sanchista- expresa su rechazo a esa ley, jueces fiscales y destacados miembros del mundo de la Justicia afirman que la amnistía no cabe en la Constitución, o se produce alguna reacción incómoda para Sánchez de personas de su entorno. Incluso entre socios del gobierno, que no comparten que se utilice la amnistía a conveniencia del presidente. Amnistía a cambio de favores parlamentarios.

Se han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional -lo ha hecho el propio Supremo- y también ante el Tribunal de Justicia de la UE. En TC la situación es envenenada, agravado estos días porque ha quedado reducida la aparente mayoría del sector conservador progresista frente al conservador -clasificación que detestan con razón todos los vocales- y la situación de 7 a 4 a favor de los progresistas, se ha convertido en 7 a 5, lo que ha provocado alarma e inseguridad en el sanchismo sobre el futuro de la ley y sus consecuencias para los acuerdos con los independentistas.

Con un ingrediente añadido a la tensión: Juan Carlos Campo ha pedido inhibirse en la votación sobre la constitucionalidad de la Ley, porque como ministro de Justicia conoció los avatares de su elaboración. Una decisión profundamente incómoda para Pedro Sánchez, que necesita su aprobación; pero también muy incómoda para el Presidente del TC Conde Pumpido, y la vocal Laura Díez, que ocuparon altos cargos en la Administración del Estado y de alguna manera podían conocer los entresijos y trámites previos a la redacción de la ley.

Pedro Sánchez no dedica ni un minuto a estos problemas: él solo quiere que le presenten en bandeja la solución y que nadie perturbe su continuidad en Moncloa.