El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas. Cualquier ciudadano puede acudir a él y solicitar su intervención, que es gratuita, para que investigue cualquier actuación de la Administración pública española o sus agentes. Y también puede intervenir de oficio en casos que lleguen a su conocimiento aunque no se haya presentado queja sobre ellos. Pues bien, desde el año 2016 han sido 757 los que, en algún momento, decidieron acercarse a esta institución para presentar sus reclamaciones. Es decir, las quejas superarían las 800 en la última década (a falta de conocer los datos del año 2015 y que no están disponibles en las estadísticas del Defensor del Pueblo).

El año pasado, las quejas presentadas desde Ávila superaron por segundo año consecutivo el centenar (102), después de las 105 tramitadas en 2023.

El año anterior (2022), las quejas se quedaron en 96, lo que supuso un descenso frente a las 111 registradas en 2021 y que es, hasta la fecha, la cifra más elevada del histórico en la última década.

Ese incremento quizá obedezca a situaciones generadas a raíz de la pandemia. En 2020, apenas fueron 73 las reclamaciones enviadas desde nuestra provincia. Curiosamente, la misma cifra registrada en 2017 y 2016. El dato más bajo del histórico se tuvo en 2018 (con 57) y le siguió 2019, con 67 quejas.

ángel gabilondo. Para Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, el informe anual recientemente presentado en elCongreso «obedece a la necesaria rendición de cuentas de la labor realizada en 2024, desde la voluntad de la máxima transparencia» y de «propiciar el acceso de los ciudadanos a lo que esta institución señala al respecto de las cuestiones y los problemas planteados».

Según Gabilondo, «los ciudadanos reclaman una Administración más ágil y eficaz. A través de los escritos, de las quejas que nos hacen llegar, se identifican las dificultades que han de afrontar y que tienen que ver con condiciones de vida difíciles. Merecen singular consideración la preocupación social, por distintas razones, por los problemas relativos a la vivienda y su repercusión, sobre todo, en jóvenes y sectores vulnerables; medio ambiente; asuntos relativos a menores -niños y adolescentes- y a su educación; migración, la insuficiente atención sanitaria, etc. La institución, en su tarea de supervisar a las administraciones públicas y en su propósito de favorecer la resolución de los problemas, reclama respuestas a las diferentes administraciones en el cumplimiento de sus responsabilidades para con la ciudadanía, a la largo de sus vidas, mediante la gestión eficaz y eficiente de los servicios públicos».

En 2024, la institución Defensor del Pueblo tramitó 34.629 expedientes, tras recibir 34.402 quejas, 42 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional e iniciar 185 actuaciones de oficio ante las diferentes administraciones. Además, desde la institución se atendió personalmente a 35.733 ciudadanos: 34.115 de ellos mediante llamadas telefónicas y 1.618 de manera presencial.  

Los expedientes tramitados dieron lugar a la formulación de 2.501 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. De ellas, 1.190 fueron recomendaciones, 843 fueron sugerencias, 464 fueron recordatorios de deberes legales y 4 fueron advertencias.

Los asuntos que protagonizaron más quejas ciudadanas ante el Defensor del Pueblo en 2024 estuvieron relacionados, principalmente, con la Administración de la Justicia, la Seguridad Social, la Función Pública, asilo, migraciones, asuntos de Interior, Educación, Economía o Sanidad.

El mayor número de quejas volvió a llegar de las comunidades más pobladas, entre ellas, de las comunidades de Madrid (8.031), Andalucía (4.155), Cataluña (3.441) y Valencia (3.231).

Además de los datos estadísticos, el Informe anual incorpora una selección de los asuntos destacados sobre los que ha trabajado la institución en 2024. Estos son, entre otros, la falta de recursos específicos de salud mental para adolescentes y jóvenes; el apoyo a las familias de personas con discapacidad en los ámbitos tributario y social; la protección de las mujeres mayores víctimas de violencia de género; los problemas relacionados con la usurpación de identidad, o los procedimientos de reintegro de prestaciones a beneficiarios en situación de vulnerabilidad. 

El Informe recoge también la actividad realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP). En 2024 el MNP llevó a cabo 26 visitas a lugares de privación de libertad que dieron lugar a 203 recomendaciones, 300 sugerencias y 11 recordatorios de deberes legales.