El exviceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, principal acusado en el caso de la 'Perla Negra' que estos días se juzga en la Audiencia de Valladolid, insistió ayer en su declaración que todas las órdenes relativas al alquiler y compra del Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, así como la adquisición de los terrenos de Portillo para la construcción del malogrado polígono industrial, fueron dadas por el entonces consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, ya fallecido. En la misma línea se pronunciaron otros dos de los principales acusados. Begoña Hernández, sucesora de Delgado como viceconsejera de Economía, aseguró que el alquiler de la segunda torre del edificio de Arroyo fue una instrucción que recibió directamente de Villanueva, y Juan Carlos Sacristán, consejero delegado de Gesturcal, indicó que todo lo concerniente al Centro de Soluciones Empresariales venía marcado desde la Consejería.

En una declaración que se prolongó por espacio de casi dos horas, Delgado aseguró que no tuvo ninguna relación con los administradores de Urban Proyecta, empresa propietaria del edificio de Arroyo, ni tampoco con los de Unifica, mercantil que se encargó de realizar las divisiones y adecuación del edificio. A su vez, explicó que la Junta venía buscando desde 2003 un edificio con unos 10.000 metros cuadrados de oficinas para unificar las sedes de la Consejería de Economía y que tras dos años de búsqueda «infructuosa» se decidió por el edificio de Arroyo. Además, matizó que el propio Villanueva fue el que dio la orden de no negociar la compra hasta que las obras no concluyeran.

En este sentido, puntualizó que la decisión se aceleró después de que la Consejería de Hacienda detectara que Urban Proyecta estaba intentando vender el edificio, a la vez que insistió que Gesturcal fue utilizado en todo ese proceso como una sociedad instrumental. Al mismo tiempo, defendió la viabilidad de la operación, tanto por el pago final de 56 millones, dos menos de lo reflejado en las tasaciones, como por la realización de obras de adecuación, a la vez que indicó que el pago de 4,5 millones a Unifica por costes de financiación fue ordenado por Villanueva, según informa Ical.

Mientras tanto, Begoña Hernández reconoció que firmó la reserva del contrato de compra fijada en siete millones de acuerdo a la decisión unánime del consejo de administración de Gesturcal y por una cuestión de seguridad jurídica. Asimismo indicó que nunca recibió indicaciones directas de Rafael Delgado, ni mantuvo contacto con responsables de Urban Proyecta. Hernández explicó su oposición a la compra de terrenos en Portillo, rechazo que trasladó personalmente a Villanueva, así como el mandato de intentar revertir la operación.

Por último, Juan Carlos Sacristán, consejero delegado de Gesturcal entre 2003 y 2008, insistió en que las decisiones relativas al edificio de Arroyo se tomaban en la Consejería y que Gesturcal recibió el encargo sabiendo ya «con quién, cuándo y dónde» tenía que firmar el contrato.ados y controlados directamente por él.