El Pleno de la Diputación de Ávila aprobó inicialmente este lunes, con el voto en contra del Grupo Socialista, el expediente de enajenación onerosa del antiguo colegio de huérfanos ferroviarios, del que es propietaria la institución provincial, para la licitación de su venta, mediante subasta pública, por un importe de 15,7 millones de euros.

El planteamiento del equipo de gobierno de la institución provincial, según explicó su presidente, Carlos García, pasa por la enajenación del edificio, una vez que se proceda al traslado del personal que allí se encuentra, incluida la Universidad Nacional de Educación a Distancia, al Palacete de Nebreda, dado que «es un edificio que no cumple con todas las expectativas y condiciones arquitectónicas para prestar los servicios administrativos que son competencia de la Diputación». «Lo que quiere hacer esta institución es sacar a la venta ese patrimonio para que repercuta directamente en los municipios», precisó García, quien añadió que «no podemos tener un edificio afecto otros 20 años más -existe un convenio de cesión del mismo a la Universidad Católica de Ávila hasta 2047- y la idea es que en este caso cualquier empresa que esté interesada en esa enajenación pueda licitar mediante una subasta pública que depende de una tasación, que valora esta finca urbana en 15,7 millones de euros, es decir,  que incrementa en un millón la última valoración que teníamos de hace apenas un par de años».

La Diputación «va a destinar esos fondos para invertir en las mejoras de nuestros municipios», subrayó el presidente de la institución provincial, quien remarcó que «los problemas de los municipios no se solucionan con un edificio en Ávila capital, sino invirtiendo en buscar soluciones a sus problemas, y es lo que va a hacer la Diputación Provincial».

El expediente aprobado inicialmente este lunes incluye una cláusula que hace referencia al convenio existente con la UCAV para su cesión hasta el año 2047. Y es que, como explicó Carlos García, «cualquier carga que lleva cualquier inmueble, incluido un edificio público o una vivienda, debe figurar para que aquellas personas que van a licitar a la subasta pública conozcan qué compromisos y que cargas tienen esos edificios. En este caso, la Diputación lo que hace es dar traslado público de que existe un convenio afecto a una actividad docente, en este caso de la Universidad Católica de Ávila, hasta enero de 2047, para que las empresas sepan perfectamente por lo que están licitando.

Tras esa aprobación inicial, el siguiente paso será la solicitud de los diferentes informes correspondientes a la Junta de Castilla yLeón para luego proceder, una vez que esté el expediente concluido, a publicar la licitación por subasta pública.

oposición del psoe. El expediente de enajenación onerosa del antiguo colegio de huérfanos ferroviarios fue aprobado con el voto favorable de todos los grupos con representación en la Diputación, salvo el PSOE, que a través de su portavoz, Carmen Iglesias, criticó que se «pretenda enajenar en base a un informe de tasación que no es el valor de mercado del inmueble. El precio de salida es bajísimo, inferior a su valor catastral de 2015».

A juicio del Grupo Socialista, se trata de «una operación perfectamente dirigida a su adquisición por parte de la UCAV, es un traje hecho a medida», subrayó Iglesias, quien añadió que «respetando la labor pedagógica de la Universidad Católica, los recursos públicos deben ser para la enseñanza pública porque de las cosas públicas sólo puede beneficiarse al interés general».

También denunciaron el hecho de que «se quiera trasladar la UNED al Palacete de Nebreda, que no cuenta con instalaciones adecuadas para acoger a sus 450 alumnos».

El presidente de la Diputación, Carlos García, respondió a esto último aclarando que «la presencialidad en la UNED es del 6% y nos hemos reunido con su rector y ven gratamente el traslado, una vez que la Institución Gran Duque de Alba y el servicio de Cultura se ubiquen en el edificio de la calle Jimena Blázquez».

MOCIÓN SOBRE EL LOBO.

El Pleno también aprobó este lunes, con el voto en contra del Grupo Socialista, una moción presentada por Vox para solicitar al Gobierno de España la exclusión del lobo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial (LESPRE) y la creación de un Plan Nacional del Lobo que recoja un adecuado control cinegético que garantice, mediante el diseño de mecanismos de control, la conservación de la especie y el necesario equilibrio entre el hombre y el lobo; la elaboración de un censo nacional actualizado de la población de lobo, el desarrollo de una guía con fórmulas de prevención frente a los ataques de estos cánidos y el establecimiento de un sistema de compensación por pérdida de res que se ajuste a los perjuicios reales que supone para los ganaderos.

Por contra, fue rechazada una propuesta del PSOE para promover la transición de contadores de agua analógicos a digitales.