Poner un tope a los precios del alquiler en las zonas tensionadas es una de las posibilidades que contempla la Ley de Vivienda. Sin embargo, tanto los propietarios como los profesionales del sector se oponen a una medida que ven contraproducente por cuanto llevaría a reducir aún más la oferta de alquiler y a dejar fuera del mismo a los colectivos más vulnerables y a las personas que más dificultades tienen para acceder a la vivienda. 

«Las regulaciones deben venir de los propios mercados», defiende Tomás García, del grupo inmobiliario Capitel, que lamenta que la Ley de Vivienda no articule medidas sociales que faciliten el acceso a la vivienda de quienes más dificultades encuentran para ello al margen de poner «trabas» a los propietarios.

«Cuando hay mucha vivienda disponible el mercado regula a la baja y ese señor que alquila su piso por encima del precio de mercado al final si quiere alquilar tiene que rebajar el precio», ahonda García en esa idea y en esa necesidad de que «el mercado se regule solo» sin intervención estatal. «Al final es la ley de la oferta y la demanda la que está afectado a los precios», reconoce García que apunta que cuando el propietario encuentra tantas dificultades al final retira su piso del mercado. 

«Si tú al propietario le quitas la seguridad y le obligas a actuar de una determinada manera, ese mercado por sí solo desaparece», señala en la misma dirección Josué Barrera, desde Camarasa, que apunta que los propietarios, en su mayoría pequeños inversores, se sienten amenazados con la Ley de Vivienda. «El Estado debería garantizar un derecho fundamental, como es el de vivienda, con múltiples herramientas, entre ellas la promoción de  vivienda pública, que no se está haciendo», prosigue el responsable de Camarasa para quien todo esto está generando un «problema» en lo que respecta a vivienda de alquiler. 

«Hay pocos pisos y la demanda sigue siendo muchísimo mayor a la oferta», señala Barrera en cuya inmobiliaria  'vuelan' los pisos en alquiler.

«Es una ley muy compleja, que no se ha estudiado técnicamente y que está provocando el efecto contrario al que pretendía», asegura Barrera al hablar de las medidas impulsadas por el Ministerio de Vivienda que «no tienen nada bueno y que están perjudicando bastante al sector». «El derecho fundamental a la vivienda no puede garantizártelo el propietario particular», apunta antes de reclamar otras medidas como vivienda pública.