Ávila registró durante el pasado año un pico de denuncias de violencia de género hasta alcanzar las 539, con un aumento de más de un 23 por ciento respecto al pasado año, cuando ya era uno de los que más denuncias se habían registrado desde que hay datos, en 2004. Según la información facilitada por el Consejo General del Poder Judicial en referencia a la observatorio de violencia de género, 2023 situó a Ávila con una media de 1,5 denuncias al día por este tipo de violencia. Aún así, el dato de la provincia abulense es relativamente menor que la media de España donde se contabilizaron 41,4 denuncias por cada 10.000 habitantes, mientras que en Ávila no se llegó a las 34.
De todas formas la evolución de estas denuncias ha variado mucho con los años, registrándose un mínimo en 2020, con 291, aunque es un año en el que hay que tener en cuenta que estábamos en medio de la pandemia de la covid-19. Aunque la cifra más alta registrada sean las más de 500 del pasado año también hubo otras ocasiones en las que se pasaron las 400 denuncias, como sucedió en 2009, 2010, 2019 ó 2022.
Respecto a las más de medio millar del pasado año, 460 corresponden a mujeres españolas y otras 79 son de extranjeras. Las denuncias llegaron principalmente con atestados policiales, en la mayoría de los casos con una denuncia de la víctima, aunque en 56 ocasiones intervinieron directamente las fuerzas policiales. Solo en cuatro casos fue con la denuncia de un familiar.
Además de las veces que hubo atestado judicial, el proceso de denuncia también se produjo en 27 casos por partes de lesiones que llegaron a los juzgados y tres veces a través de servicios de asistencia.
Las denuncias interpuestas por este tipo de casos de violencia contra la mujer no es el único indicador que se mide en este observatorio donde se comunicó que hubo 129 peticiones de órdenes de protección, 18 más que un año antes pero aún lejos de cifras que se habían alcanzado en otras ocasiones, como las 156 de 2008. En estas órdenes de protección para las mujeres, de las 129 solicitadas se concedieron 99 mientras que 30 fueron rechazadas. Fueron pedidas mayoritariamente por las víctimas (112), aunque también hubo otras que se incoaron de oficio. En cuanto a quién iban dirigidas, 95 era a hombres españoles de más de 18 años y otras 34 a extranjeros. Las solicitaron mayormente mujeres españolas mayores de edad.
Las órdenes de protección no es la única medida que se pueden adoptar en los juzgados cuando se producen casos de violencia de género y entre las opciones, en el orden penal, lo que más se registró el pasado año en Ávila fueron las órdenes de alejamiento, con 95 casos, o los 86 de prohibición de comunicación. Pero también hubo medidas de privación de libertad (solo en una ocasión), salida del domicilio, prohibición de volver al lugar de delito o suspensión de la tenencia de armas.
Entre las acciones civiles que se adoptaron, fueron principalmente para conceder prestación de alimentos, atribuir la vivienda o suspender el régimen de visitas, aunque también hubo algún caso de suspensión de la patria potestad o de la guarda y custodia de los hijos.
El observatorio también ofrece la información sobre las personas, en este caso todos hombres, que llegaron a juicio el pasado año por casos de violencia de género, que en Ávila fueron 53. De estos casos hubo más de un 98 por ciento de condenas, con 45 condenados de nacionalidad española y siete extranjeros mientras que hubo una absolución, de un hombre español.
Los datos nacionales indican que durante 2023 el número de denuncias y el de mujeres víctimas de la violencia de género volvieron a aumentar con respecto al año anterior, como viene ocurriendo de forma continuada desde 2013, con la única salvedad del año 2020, en el que la situación de las víctimas de la violencia de género estuvo condicionada por la crisis sanitaria del covid. A lo largo del pasado año, se registraron cada día un total de 546 denuncias y hubo 533 mujeres víctimas de estos delitos, cifras que se sitúan por encima de la media diaria registrada en el ejercicio anterior (499 y 483, respectivamente).
Un año más, siete de cada diez denuncias (70,93%) fueron presentadas por las propias víctimas, bien en el juzgado o en comisaría, cifra que sigue siendo muy superior a la de las denuncias presentadas por el entorno de la víctima, apenas un 1,82 por ciento del total.
El porcentaje de sentencias condenatorias se situó en el 80,64 por ciento, un nuevo máximo histórico.