Después de dos meses de parón por el periodo estival, este viernes se celebra el pleno ordinario del mes de septiembre en el Ayuntamiento de Ávila. Una cita para la cual los grupos municipales ya han presentado las mociones que llevarán a votación. Es el caso del Partido Popular, que esta mañana, en la figura de su portavoz en el Consistorio abulense, Jorge Pato, ha anunciado las dos propuestas para la sesión del viernes.
Una de ellas está relacionada con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que entrará en vigor en la ciudad a partir del 1 de enero de 2025. A finales del mes de mayo se aprobó la ordenanza municipal (gracias a los votos favorables de Por Ávila y el PSOE) que da el visto bueno a la creación de este área, que estará ubicada en el entorno del centro histórico de Ávila. Sin embargo, desde el PP de Ávila consideran que el silencio y la falta de información hacia los vecinos por parte del equipo de Gobierno en este tiempo está despertando preocupación entre la población. «La ciudadanía nos ha transmitido su preocupación ante la falta de información sobre la ordenanza de Bajas Emisiones y su entrada en vigor», declaró Pato. En este sentido, de cara al pleno de mañana propondrán habilitar un periodo de seis meses (de enero a junio de 2025) en el que las sanciones que se impongan a los conductores sean simplemente de carácter informativo. «De esta manera, podrán conocer el motivo de la sanción y el importe que les supondrán a partir del día 1 de julio», justificó.
Las multas económicas por incumplir la normativa de la ZBE alcanzan los 200 euros. Sin embargo, hay muchas excepciones a esta ordenanza. «A la vista de que la ciudadanía abulense no ha tenido nada de información sobre cómo es la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, aunque es una de la obligaciones que exige Europa, nos hemos visto a pedir esta moratoria durante los seis primeros meses», explicó Jorge Pato. Una propuesta que deberá ser debatida y votada por todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento.
financiación. La otra moción que presentará el PP tratará sobre «la defensa de un sistema de financiación justo y solidario entre las Comunidades Autónomas» en contraposición con el 'cupo catalán' que ha concedido el Gobierno de Pedro Sánchez a sus socios de Cataluña. «La principal consecuencia del cupo catalán es que aportarán menos dinero a la caja común, por lo que el resto de Comunidades Autónomas se verán afectadas al ver mermados sus recursos públicos. Esto lo sufrirán aquellas que reciben más ingresos de este fondo como es Castilla y León y, por extensión, la financiación local de Ávila», afirmó Jorge Pato.
Por esta razón, propondrán al Ayuntamiento que «inste al Gobierno de España a tomar diversas medidas con un único fin: la solidaridad entre regiones y la igualdad de los españoles, residan donde residan», explicó. Unas medidas como son la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local, paralizar la independencia fiscal de Cataluña o facilitar a las autonomías los 18.000 millones de euros de los Fondos Europeos que están sin ejecutar.