Investigadores de la ONU acusan a Israel de crímenes de guerra

Europa Press
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La comisión para los territorios palestinos acusa tanto a las Fuerzas de Defensa hebrea como a los grupos armados de Gaza de maltratar a los detenidos y los rehenes

Investigadores de la ONU acusan a Israel de crímenes de guerra - Foto: Ramadan Abed

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados ha denunciado que el Ejército de Israel ha cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad en sus ataques "implacables y deliberados" contra personal e instalaciones sanitarias en la Franja de Gaza.

Así se desprende del último informe de la citada comisión, que este jueves ha concluido que las autoridades israelíes han llevado a cabo una serie de políticas centradas en "destruir el sistema de salud de Gaza como parte de un ataque más amplio" contra el enclave palestino, todo ello en el marco de su ofensiva contra Hamás.

El texto señala que las tropas israelíes han "matado, detenido y torturado deliberadamente a personal médico", a la par que han atacado vehículos médicos, han "reforzado su asedio a Gaza" e incluso han restringido los permisos para que enfermos pudieran salir del enclave para recibir tratamiento médico en el exterior.

Todas estas acciones, según concluye el informe de la comisión de Naciones Unidas, constituyen una serie de "crímenes de guerra de homicidio y malos tratos deliberados y destrucción de bienes civiles protegidos", así como de exterminio, catalogado como crimen contra la humanidad.

De acuerdo con la presidenta de la citada comisión, la sudafricana Navi Pillay, los menores gazatíes son quienes han sufrido "la peor parte" de estos ataques perpetrados por el Ejército de Israel, pues se han visto perjudicados "tanto directa como indirectamente por el colapso del sistema de salud".

Estos ataques, especialmente aquellos que tenían por objetivo las instalaciones de atención pediátrica y neonatal, han causado un "sufrimiento incalculable a los pacientes infantiles", incluidos recién nacidos. El informe acusa a Israel de violar el derecho de los niños a la vida y negarles el acceso a atención sanitaria.

Así las cosas, esta comisión de Naciones Unidas considera que Israel ha infligido de forma deliberada una serie de daños y ha impuesto a los menores gazatíes unas condiciones de vida que conducen directamente a la destrucción de futuras generaciones, poniendo incluso al "pueblo palestino como grupo".

"Israel debe poner fin de inmediato a su destrucción indiscriminada y sin precedentes de las instalaciones sanitarias en Gaza", ha aseverado una Pillay que ha aprovechado para subrayar que , cuando Israel ataca la infraestructura sanitaria de Gaza, "está atacando el derecho a la salud en sí mismo".

Abusos a detenidos palestinos

El informe también advierte de los palestinos detenidos en campamentos militares y centros de arresto, donde se han registrado "abusos generalizados y sistemáticos" contra adultos y menores palestinos. En muchos casos esta violencia es física y psicológica, pero también sexual y de género, lo que también constituye crímenes de guerra y contra la humanidad por tortura y violación, entre otros.

Entre los menores palestinos que han estado bajo detención israelí se ha comprobado que muchos de ellos regresan "gravemente traumatizados", víctimas de un "maltrato institucionalizado" bajo las órdenes del ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir.

La ONU señala así directamente el papel de Ben Gvir, conocido por sus posturas extremistas y en favor de eliminar a los palestinos; así como el de un Gobierno israelí que, en su conjunto, también ha incitado a la violencia y la represalia.

En este punto, Pillay ha advertido de la falta de rendición de cuentas por las acciones ordenadas por las autoridades y ejecutadas por individuos de las fuerzas de seguridad israelíes.

Maltrato a rehenes israelíes en Gaza

Por otro lado, el informe también se hace eco de la situación en que decenas de israelíes y extranjeros han sido retenidos en la Franja de Gaza por parte de grupos armados palestinos tras los ataques del 7 de octubre contra Israel, detonante de la actual guerra regional que suma ya más de 42.000 muertos solo en Gaza.

Según la comisión de la ONU, muchos de estos rehenes han sido maltratados por milicianos islamistas para "infligirles dolor físico y sufrimiento mental grave" a través de violencia física, abuso y violencia sexual, aislamiento forzado e incluso privándoles de acceso a higiene, alimentos y agua.

"Hamás y otros grupos armados palestinos obligaron a los rehenes a partiricipar en vídeos con la intención de infligir tortura psicológica a las familias de los rehenes, para lograr objetivos políticos", añade el texto de la comisión, que recuerda que varios de los 240 rehenes secuestrados el 7 de octubre han sido asesinados bajo cautiverio.

Con todo esto, el informe señala que Hamás y estos otros grupos armados palestinos también han cometido crímenes de guerra de tortura, tratos inhumanos y crueles, así como crímenes de lesa humanidad por desaparición forzada y otra serie de actos inhumanos que han causado un gran sufrimiento y lesiones.

"Los grupos armados palestinos deben liberar de inmediaro y sin condiciones a todos los rehenes israelíes y extranjeros retenidos en Gaza. Los rehenes deben ser tratados de conformidad con los requisitos del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos hasta que sean liberados", ha remachado Pillay al respecto.

Como conclusión, la comisión ha hecho un llamamiento a las autoridades israelíes a cesar de inmediato sus ataques contra instalaciones sanitarias y personal médico en la Franja de Gaza; poner fin a la detención arbitraria de palestinos y acabar con la tortura y malos tratos de los detenidos.

En la misma línea, exige a las autoridades palestinas y los grupos que controlan 'de facto' la Franja de Gaza que garanticen la liberación segura de todos los rehenes "de forma inmediata e incondicional", a la par que les insta a investigar y procesar forma "exhaustiva e imparcial" las violaciones de derechos cometidas.

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