Tras el anuncio de la ampliación del plazo establecido por el Ministerio del Interior para la entrada en vigor del nuevo parte de registro de viajeros, pospuesto al 2 de diciembre, la Federación Abulense de Empresarios Hoteleros de CEOE Ávila ha reiterado su desacuerdo con respecto a la solución propuesta, subrayando que no se trata de una cuestión de tiempo de adaptación tecnológica.
Según se recoge en un comunicado de prensa, la federación defiende una revisión profunda del contenido del Real Decreto 933/2021, «que implique un conocimiento de la forma en que se desarrolla la actividad turística y escuche a las partes involucradas.
Esta norma, insisten los hoteleros, «debe revisarse en profundidad para adaptarse a la actividad turística y, conociendo su operativa, desarrollar propuestas viables que proporcionen seguridad jurídica tanto a los viajeros como a las empresas obligadas. Todo ello, con la garantía de que no suponga una pérdida de competitividad para España y una carga administrativa incomprensible e inadmisible para el sector».
Los hoteleros agradecen el intenso trabajo conjunto que se está llevando a cabo tanto desde el sector en Europa como por parte de todos los integrantes de la Comisión de Turismo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en colaboración con las demás patronales turísticas españolas, como representantes del sector turístico en nuestro país.
En este sentido, los empresarios hoteleros abulenses recalcan su deseo de «contribuir a colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para afianzar la seguridad de España –piedra angular del liderazgo turístico del país–, tal y como ha venido haciendo desde los inicios de esta actividad» e incide en su intención de trabajar por un nuevo marco de relación con el Ministerio del Interior, que elimine los problemas creados por este polémico Real Decreto y que permita continuar la senda del desarrollo y la contribución positiva de la actividad del hospedaje en nuestro país.
CEHAT, que representa a representa a más de 16.000 establecimientos con un total de 1.800.000 plazas repartidas por toda España, reclama, por tanto, «un diálogo constructivo con el Ministerio del Interior –que no ha tenido lugar en el último año– y lamenta que se ha hecho caso omiso a todas las propuestas realizadas. Esto, tal y como apunta la patronal, ha generado «una preocupante sensación de imposición de una norma, a sabiendas del caos que iba a producir si definitivamente se hubiera puesto en vigor».
En línea con la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), los hoteleros abulenses recuerdan que, desde hace tres años, el problema de esta polémica norma no atiende a una cuestión de plazos o adaptación a la tecnología, sino a la incompatibilidad del texto con la normativa de la Unión Europea, a la inseguridad jurídica e imposibilidad de su cumplimiento al carecer de la concreción y claridad necesarias para evitar vacíos legales».