«Las organizaciones abajo firmantes, que representan a los productores primarios europeos y a diversas industrias en el ámbito del Reglamento Europeo contra la Deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés) apoyan plenamente el objetivo de erradicar la deforestación y la degradación forestal. Reconocemos la importancia de los bosques mundiales para combatir el cambio climático, preservar la biodiversidad y garantizar materias primas y cadenas de suministro sostenibles, así como nuestra responsabilidad de preservarlos. Sin embargo…».

Así comienza una declaración emitida hace unos días por un nutrido grupo de federaciones, organizaciones, industrias o asociaciones que ven cómo la ley contra la deforestación que ha de entrar en vigor al finalizar el año puede suponer un importante obstáculo para su actividad. Entre los firmantes se encuentran desde COPA-COGECA -que aglutina a cooperativas y agricultores comunitarios- hasta fabricantes de cartón, pasando por asociaciones de editoriales, procesadores de madera, comerciantes de ganado y carne… hasta un total de más de dos docenas que, con ese «sin embargo», dejan clara su postura respecto a la ley.

Aclamada en su aprobación en 2023 pero sometida ahora a una presión extraordinaria por parte de Estados, empresas, lobbies y partidos políticos, esta norma dicta que, a partir del 30 de diciembre, las empresas que importen en la UE ciertas materias primas deberán demostrar a través de un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de masas forestales. El reglamento se aplica también dentro de la UE y afecta al ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, incluidos derivados como cuero, chocolate o muebles.

La ley contra la deforestación se alinea con normativas sobre la madera o la pesca ilegal y con la obligación de las grandes empresas de comprobar que no se producen abusos en su cadena de suministros, dentro de un espíritu que busca que la UE no deslocalice a terceros países prácticas censuradas en su territorio. Es decir, es una suerte de cláusula espejo: si yo no permito ciertas prácticas en mi territorio, no te compro nada que esté producido mediante esas prácticas en el tuyo. Pero no es tan sencillo como parece.

El Parlamento Europeo aprobó el reglamento contra la deforestación con una mayoría de 552 votos a favor, 44 en contra y 43 abstenciones, y los Veintisiete acogieron el texto con similar agrado: 22 capitales a favor, ninguna en contra y cinco abstenciones. Corría la primavera de 2023, no había comicios a la vista y la agenda verde de la Comisión Europea gozaba aún de un amplio respaldo. «No queremos seguir siendo cómplices en la deforestación mundial», dijo entonces el negociador de la norma en el Parlamento Europeo, el cristianodemócrata luxemburgués Christophe Hansen, a la sazón candidato a ser comisario de Agricultura durante los próximos cinco años en la Eurocámara.

Pero el fervor verde fue desapareciendo a medida que brotaban protestas agrícolas y se acercaban las elecciones europeas de junio de 2024.

Además, la Comisión perdió por el camino a dos de los valedores de la normativa: el vicepresidente responsable del Pacto Verde, el socialdemócrata Frans Timmermans, y el excomisario de Medio Ambiente y ahora eurodiputado ecologista Virginijus Sinkevicius. En paralelo, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Indonesia, Estados Unidos, Malasia, Australia, Nueva Zelanda o Canadá han redoblado la presión. Y también la Organización Mundial del Comercio.

Entre los Veintisiete, no quieren mantener el calendario países miembros como Suecia, Finlandia, Austria, Polonia o Eslovaquia. Tampoco Alemania. El canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, ha hecho público que ha pedido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una prórroga de seis meses y el ministro de Agricultura, el ecologista Cem Özdemir, trasladó la misma petición por escrito, pero ha recibido una respuesta negativa de Bruselas.

El fuego también proviene de la familia política de Von der Leyen, un Partido Popular Europeo (PPE) que se ha alejado a gran velocidad de la agenda verde en el último año. Hace una semana, los eurodiputados del PPE Peter Liese y Herbert Dorfmann calificaron el reglamento de «monstruo burocrático» y reclamaron que se aplace, mientras verdes, liberales y socialistas exigen mantener el rumbo.

Desde fuera.

A pesar de las presiones dentro de la UE, «la Comisión continúa trabajando en los preparativos para su aplicación», reiteró este martes el portavoz comunitario de Medio Ambiente, Adalbert Janez, que insiste en que por ahora no hay ninguna propuesta para modificar un reglamento aprobado por la Eurocámara y el Consejo de la UE. Sin embargo, las quejas llegan también, y en cantidad, desde fuera de las fronteras comunitarias, ya que esta norma puede hacer daño a muchos países que exportan sus productos a territorio europeo.

Por ejemplo, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) ha solicitado a la Unión Europea que retrase la implementación de su nueva ley contra la deforestación ante el impacto negativo que la normativa podría tener en las exportaciones de café de la región. Los 33 países que integran la Celac expresan a la Comisión Europea «la disposición de trabajar en forma conjunta para entablar un diálogo real y efectivo para encontrar mecanismos que permitan cumplir con el objetivo de reducir la deforestación y la degradación forestal, atendiendo las realidades y capacidades locales, así como a la legislación nacional» y advierten de que la aplicación de la norma podría reducir la producción un 50%. «Las regulaciones impuestas por algunos países importadores implican que recientemente han creado nuevos estándares de comercio verde, inalcanzables para la mayor parte del mercado productivo del café en el Sur Global», lamentan.

Hace apenas un par de semanas, Brasil ya solicitó a la UE suspender la aplicación de la normativa comunitaria que restringe la importación de alimentos relacionados con la deforestación. Este país, como muchos otros extracomunitarios, contemplan la medida como una especie de arancel encubierto para proteger la producción de los Veintisiete. En junio de este año Estados Unidos también solicitó a la UE el retraso en la implementación de la ley y, ya en septiembre de 2023, un grupo de 17 países que incluye 11 latinoamericanos, tres asiáticos y tres africanos advirtió sobre las repercusiones negativas de la normativa.