Apresurada, con falta de consenso y sin financiación. Estos son los argumentos esgrimidos por la Junta de Castilla y León para criticar las formas con las que el Ministerio de Sanidad ha gestionado el  Plan Integral para la Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027. El portavoz de la Junta y consejero de Sanidad en funciones, Carlos Fernández Carriedo, arremetió contra el departamento de Mónica García por dar a las autonomías un plazo de 24 para adherirse al plan antitabaco y exigió que escuche a las comunidades y los sectores afectados para alcanzar un consenso y que se garantice su financiación. «Veinticuatro horas no es lo más adecuado», resumióFernández Carriedo, que señaló que se trata de un «tema muy serio» para dar una plazo tan breve para analizar el documento, y evitó pronunciarse sobre la postura que mantendrá la Junta, durante la celebración del Consejo Interterritorial de Salud, en el que se abordará el tema.

Cuestionado una y otra vez por la posición de la Comunidad en materias como la prohibición de fumar en terrazas o el establecimiento de incentivos fiscales para la puesta en marcha de espacios sin humo, el consejero se remitió a la cita con el Ministerio porque quieren «analizar con detalle» el documento así como por «respeto institucional». No obstante, constató que desde la Junta son «partidarios de que se fume menos en los lugares y espacios de carácter público», según informa la Agencia Ical.

Fernández Carriedo repitió que el documento presenta un «problema de financiación y de búsqueda de consenso», para exigir de nuevo a que se escuche a los sectores y las autonomías afectadas. «No creo que ese sea el procedimiento», dijo, para volver a garantizar el compromiso de la Comunidad con la reducción del consumo de tabaco entre su población.

«Queremos que se siente, escuche y dialogue y seguro que podemos llegar a acuerdos para avanzar en la salud pública, que es el objetivo de todos», indicó, para constatar que mañana se verá si va en esa dirección en la «dirección de la imposición». Además recordó que el texto del Ministerio recibió 200 alegaciones, lo que refleja que «el original no debía estar muy bien» y han tenido que asumir 160. La Junta, dijo, presentó «una cuantas» y ahora debe analizar un informe de 80 páginas en 24 horas, para ver qué se ha aceptado y qué no, por lo que «mañana podremos manifestar nuestra postura».

«Nosotros tenemos un claro compromiso, y así lo hemos hecho siempre, por ir reduciendo el consumo de tabaco en Castilla y León, una apuesta clara por la salud pública, pero también lo que estamos diciendo es que este Pacto que se nos propone viene sin financiación, no cuantifica los recursos que van a llegar a aquellos que tenemos que aplicarlo y, en segundo lugar, que no nos parece que tenga que realizarse sin consenso y sin búsqueda de acuerdos», concluyó.