La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró ayer la apertura antes de verano de los primeros seis centros presenciales de crisis para la atención a las mujeres víctimas de agresiones sexuales, después de haber licitado ya los locales por 2,5 millones de euros. Unos centros que, explicó, estarán atendidos los siete de la semana y las 24 horas al día por profesionales de las entidades especializadas, gracias a la concertación social.
Los centros de crisis son un recurso o centro especializado para la prevención y la atención integral, dirigido a prestar acompañamiento o realizar intervención psicológica o social –presencial, online y telefónica– a todas las víctimas y supervivientes que hayan sufrido esta lacra en el pasado o en el presente, así como a aquellos familiares que lo necesiten o a personas del entorno íntimo de la víctima.
El servicio de cada centro de crisis comprenderá información, atención psicológica, asesoramiento jurídico y acompañamiento social. Desarrollarán, además, iniciativas de prevención de la violencia sexual y de sensibilización con el objeto de mejorar el trato social a las víctimas y su credibilidad. En todos los centros se prestará una atención presencial, telefónica y telemática, si bien esta última podrá ser centralizada, si así lo recoge la convocatoria respectiva, en uno de los centros existentes.
Antes de una reunión entre la propia consejera y la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, en la Delegación del Gobierno en Castilla y León, Blanco reclamó una financiación «estable» al Estado para el mantenimiento de estos centros, que rondará el millón de euros al año, tanto para la financiación del personal como para los medios técnicos que se requieren. De momento, se han licitado en seis capitales de provincia y están pendiente de sacar los de Ávila, Palencia y Soria.
Fondos Next Generation
Precisamente, la ministra mostró su «preocupación», según recogió Ical, con estos centros de crisis por que subrayó que los nueve locales deben funcionar antes del 31 de diciembre ya que están financiados con los fondos europeos Next Generation, que se tendrán que devolver si no se ejecutan este año. «Hay que ser exigente con esto. Tengo el compromiso de la consejera de la Junta, al menos verbalmente, por que necesitamos que estén en marcha antes de que acabe 2024», manifestó.
Isabel Blanco apostó por trabajar de forma conjunta y coordinada en materia de violencia de género como el programa Atrapadas, que fue el primero en atender a mujeres vulnerables víctimas de explotación sexual. También el Plan Camino, que ha puesto en marcha recientemente el Ministerio con el mismo fin, sin olvidar Viogen. Recordó que Castilla y León es pionera en el desarrollo de «muchas actuaciones», entre las que citó el centro virtual Atiendo, que ha tenido «muy buena» respuesta, sobre todo con llamadas de mujeres del medio rural.