«Es neutro, no tiene efecto». El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, replicó ayer al Partido Socialista que el traslado del domicilio social de Renault Comercial de Valladolid a Madrid conocido esta semana no tendrá impacto en las arcas de la Comunidad. En concreto, el líder regional del PSOE, Luis Tudanca, denunciaba una pérdida de 282 millones, algo que rechazó de plano el arquitecto económico de Castilla y León, que insistió durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en que «no tiene ningún efecto sobre ningún tributo que afecte a la financiación de las comunidades autónomas».
Fernández Carriedo improvisó una suerte de clase de fiscalidad y explicó que el tributo de Transmisiones Patrimoniales no se ve afectado porque se paga en el lugar donde se adquiere un nuevo inmueble. En lo que respecta al 50 por ciento del IRPF, señaló que la recaudación sería la misma ya que la Declaración de la Renta de los trabajadores se registrará en Castilla y León porque no habrá traslados; y, por último, también correspondería el 50 por ciento del IVA en la fase minorista corresponde al lugar donde se vende el vehículo.
El portavoz aprovechó para remarcar la «historia de éxito» de la relación entre Castilla y León y Renault y destacó el «compromiso» expresado por la marca francesa con las plantas en Valladolid y Villamuriel. Es por ello que se centró en destacar el compromiso de la empresa, con dos fábricas y 8.000 empleados en la Comunidad, y en que están y seguirán estando aquí, como indicó la multinacional. «Me fío de Renault y del compromiso de Renault con esta tierra».
Un «compromiso» que verbalizó la empresa en un comunicado en el que aclaró que en los últimos meses se había trasladado a Madrid la sede social de Renault España Comercial, una sociedad cuyo centro de operaciones es «desde siempre» la capital de España.
El PSOE insiste en la pérdida
Desde el Partido Socialista replican al consejero portavoz e insisten en que «no puede ser que el efecto sea neutro si se marcha una empresa con esa facturación». Cuestionados por este periódico sobre los cálculos realizados para denunciar esa pérdida de 282 millones de euros en la recaudación, la portavoz socialista de Hacienda en las Cortes, Rosa Rubio, reconoció que se trata de una «estimación» basada en el IVA, en la que han utilizado la facturación de la marca para aplicarle el 21% del impuesto y el 50% de este porcentaje que le correspondería a la Comunidad. «Evidentemente que se marche esta empresa tiene mucho efecto».