Dos meses y medio después de una de las elecciones presidenciales más polémicas de los últimos años, Venezuela sigue exactamente igual que entonces: con Nicolás Maduro en el poder y los dirigentes antichavistas en el lado de la resistencia. Aunque con una pequeña diferencia, los miembros de la oposición mayoritaria han pasado de estar permanentemente en la calle a ejercer la política desde la retaguardia a raíz de la «persecución» que denuncian en su contra. Eso sí, el mensaje continúa siendo el mismo y tanto María Corina Machado como Edmundo González Urrutia siguen insistiendo en que los comicios de finales de julio fueron «fraudulentos».

La líder opositora se encuentra en «la clandestinidad» desde el pasado 1 de agosto, al temer por su «vida» y «libertad», si bien ha salido de manera puntual a algunas manifestaciones, a las que ha llegado encubierta. Fueron precisamente «las crecientes amenazas» las que impulsaron la salida de Venezuela del abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), quien llegó a España el 8 de septiembre para pedir asilo, aunque ya ha avanzado que volverá a su país en enero para tomar posesión como «presidente electo».

Para Juan Pablo Guanipa, estrecho colaborador de ambos, «la persecución era una realidad» antes del 28 de julio, pero después ha sido «incontenible», con una «represión contra todos los dirigentes políticos». «Eso nos obligó a resguardarnos y, en mi caso, a salir puntualmente, cuando hay una convocatoria importante», señala el exdiputado, destacando que «muchos» están en esa situación.

Esa falta de seguridad, según explica, les obliga a renunciar a la calle y, por tanto, al contacto directo con ciudadanos y representantes de distintos sectores, lo que cambia la «forma» de hacer política hacia un modelo «virtual».

En este sentido, el que fuera primer vicepresidente de la Asamblea Nacional afirma haberse reinventado y se dedica, en buena parte, a publicar constantemente en las redes como un «mecanismo de comunicación con la gente», mediante el cual difunde información sobre «la lucha» por el «cambio político», y para tratar de generar «esperanza y optimismo».

Sin embargo, lamenta que esa necesidad de protección también les obliga a abandonar, por un tiempo indefinido, su «espacio natural», en referencia al hogar, que, en su caso, se ubica en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), a más de medio millar de kilómetros de distancia de donde se encuentra a día de hoy.

Detenciones masivas

La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela denuncia que el Estado «intensificó la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión» para «desarticular y desmovilizar a la oposición». De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de la formación Vente Venezuela -liderado por la propia María Corina-, al menos 157 políticos opositores y activistas siguen bajo arresto por orden del régimen chavista, buena parte de ellos colaboradores de Urrutia y Machado.

Desde marzo, seis personas se han refugiado en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas, bajo protección de Brasil, tras la expulsión de la misión diplomática del país austral, una autorización que, sin embargo, Venezuela revocó al gigante sudamericano hace algo más de un mes.

«Estamos cambiándonos de lugar permanentemente (...) tengo que cambiarme si hay algún movimiento inusual», rememora Guanipa, mientras denuncia haberse convertido en «un perseguido» de «una dictadura que no acepta lo que el pueblo le dijo», que fue Urrutia quien ganó las elecciones, tal y como sostiene la PUD y como certificó el Centro Carter la semana pasada al mostrar las supuestas actas originales a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Por eso, se muestra dispuesto a asistir a próximas protestas, con el objetivo de cumplir con el compromiso de los venezolanos, aún «sabiendo que siempre habrá un riesgo». Y es que el tenso clima no parece que vaya a remitir de cara a la toma de posesión del próximo 10 de enero, en un momento en el que los choques diplomáticos -con España a la cabeza- son constantes debido a lo que el oficialismo denomina «injerencia» extranjera.