La penúltima maniobra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para poner en cuestión el estado de derecho es de una gravedad notable. Sin aviso previo y en periodo inhábil para la actividad parlamentaria, el portavoz de los socialistas en el Congreso, el otrora enemigo de Sánchez Patxi López, registraba una proposición de ley con la que el PSOE persigue remendar el ordenamiento actual en lo relativo al ejercicio de la acusación particular, que pretende vetar explícitamente para los partidos políticos y personas o colectivos que no estén directamente afectados por la causa. Es decir, el presidente quiere una ley que impida que casos como el de su esposa o parte de la trama Koldo puedan siquiera iniciarse, al menos de la misma forma.
Además, y para satisfacer las demandas más radicales de los socios a los que necesitará para sacar adelante esta ley, que sin duda cotiza entre las más polémicas y menos higiénicas del 'sanchismo', incluye la eliminación de los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos y el veto a que los jueces puedan expresar ideas políticas y después juzgar causas de corrupción. Es decir, el manoseado lawfare que el PSOE sólo ve cuando son sus cargos y militantes los señalados por la Justicia a la que aplaude hasta la sangre cuando la condena recae en sus rivales políticos. Tendrá así el apoyo de los radicales de Sumar o EH Bildu y de los teóricos de la conspiración -y no menos radicales- de Junts y ERC.
La colonización de las instituciones a manos del 'sanchismo' ha discurrido paralela a un ataque sistemático a la división de poderes, pilar esencial de una democracia sana que no se fomenta celebrando entierros de dictadores de otro tiempo sino defendiendo los principios constitucionales más elementales. Jamás la Fiscalía General del Estado había sido tan devaluada y denostada por una actividad de pura militancia. Nunca antes se había atacado a los jueces que instruyen causas contra los socios que detentan los votos que el presidente necesita para seguir en el poder pese a perder las elecciones. A nadie se le había pasado por la cabeza tratar de coartar un derecho tan elemental en la lucha contra la corrupción como las acusaciones populares, las ejerza quien las ejerza. El sistema de instancias es en sí mismo una garantía de limpieza procesal cuando existen recelos sobre los fallos judiciales en un sentido u otro.
El proyecto de ley que Sánchez se ha sacado de la manga sin aviso previo es aterrador por cuanto que de él emana una injerencia de poderes inaceptable que empuja a una reflexión inevitable: qué es aquello a lo que tanto teme enfrentarse el presidente del Gobierno. El socialismo de Sánchez tiene un problema grave si de verdad cree que ese es el camino.