El sindicato UGT no ocultaba ayer la satisfacción que le produjo la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales a su demanda sobre la indemnización por despido que se hará pública la próxima semana y de la que ya ha trascendido que insta a España a incrementar las compensaciones económicas por finalización improcedente de un contrato laboral, eliminando el tope actual de dos años y estableciendo un mínimo de medio año. «Estamos ante una resolución histórica, que va a cambiar el concepto que se ha mantenido a lo largo del tiempo en la legislación española», celebró el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

De esta manera, Estrasburgo emitió una resolución en la que falla contra la regulación actual española que legisla las actuaciones de indemnizaciones por despido improcedente, ya que «viola» el artículo 24 de la Carta Social Europea, como denunció el sindicato.

Según el vicesecretario general de política de UGT, Fernando Luján, las indemnizaciones medias en el país por un despido injusto están alrededor de 9.000 euros. «Esto no tiene ningún carácter ni disuasivo ni restaurador. Extinguir un contrato de trabajo sale demasiado fácil», criticó.

Además, Luján recordó que lo que se pretende es proteger los contratos de trabajo y que el despido sea la última opción en un contexto en el que España tiene cerca de 900.000 extinciones de contratos al año, «con indemnizaciones medias por despido injusto que rondan los 9.000 euros, de los que 140.000 van a los tribunales».

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reclamó que, una vez se conozca la resolución el día 29, Gobierno, sindicatos y patronal se sienten a analizar una adaptación a la legislación española de este fallo que permita dar cumplimiento al mismo. «No hay ningún lugar a dudas de que la sentencia es de carácter vinculante».

Para Álvarez se podría hablar de recuperar los 45 días por año trabajado que se derogaron en el año 2012, en lugar de los 33 actuales, o de otras cuestiones que tengan que ver con el finiquito o de los «abusos» durante el período de prueba.

En este sentido, Álvarez explicó que se trata de «una resolución histórica que va a cambiar el concepto mantenido en España sobre el despido a lo largo del tiempo».

Desde el Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, valoró que el despido en España «es un elemento más que va a ser susceptible de reforma» y remarcó que esta sentencia comunitaria se abordará en la mesa de diálogo social y acomodándola a la legislación europea.