La sala de la Audiencia Provincial de Ávila ha dejado visto para sentencia el juicio contra un hombre (J.A.M.A.), residente en Lanzahíta, acusado de un delito de tráfico de drogas de diseño que causan grave daño a la salud. La pena que la Fiscalía le propone es de seis años de prisión, como accesoria inhabilitación especial para el sufragio pasivo, y una multa de 2.200 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 100 días de privación de libertad en caso de impago. La defensa del imputado, que cuenta con antecedentes penales computables, ha solicitado la libre absolución por considerar que los hechos «no son constitutivos de de infracción penal".
La vista ha estado cerca de suspenderse, ya que el procesado ha solicitado la recusación de su abogado de oficio, porque consideraba que "no estaba capacitado para ejercer su defensa" (el reo pretendía que le amparasen unos abogados de Madrid, que no han podido estar presentes en la sala por un problema de salud, según afirmó el hombre). El presidente de la sala, sin embargo, no ha atendido a sus peticiones porque "no se cumplían los requisitos ni temporales ni sustantivos para la sustitución del letrado (cinco días previos a la celebración de la causa)" y, por tanto, no existían motivos para la suspensión del juicio.
Una vez aclarado este punto, se ha procedido a la celebración de la vista, en la que el acusado ha optado por acogerse a su derecho a no declarar. Sí lo han hecho los cuatro agentes de la Guardia Civil que lo detuvieron (tres de ellos por vía telemática) el 1 de febrero de 2023. Durante la detención, el acusado estaba en posesión de 14,39 gramos de anfetaminas, 2,10 gramos de MDMA y 30 pastillas de C2-B, una sustancia alucinógena también conocida como Nexus. También se halló una báscula de precisión y una cantidad de 125 euros en billetes fraccionados. Las sustancias estaban escondidas en diversos compartimentos de su vehículo (tapicería, reposabrazos) e incluso dentro de un bote de desodorante, previamente manipulado.
Como ya se ha indicado, el imputado cuenta con antecedentes penales por un delito similar cometido en el aeropuerto de Barajas en el año 2014, por la que ya cumplió condena y salió libre en el 2019. Sin embargo, aún se le mantiene el agravante de reincidencia por haber incurrido en un presunto delito dentro de un periodo de 10 años tras salir de prisión. Una circunstancia que la Fiscalía ha tenido en cuenta a la hora de solicitar la pena.
Con el juicio visto para sentencia, el acusado aún tiene la posibilidad de interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.