El pacto alcanzado entre el PSC y ERC para permitir la investidura de Salvador Illa a cambio de ceder la soberanía fiscal a Cataluña, que tendrá que ser refrendado hoy por las bases de los republicanos, no solo ha suscitado un rechazo unánime por parte de la oposición, sino que también ha provocado una amplia contestación entre las filas socialistas. Hasta nueve federaciones del PSOE se han unido a las críticas que lanzó Emiliano García Page, y exigen la celebración del Consejo Político Federal para abordar en el seno del partido las reglas que deben marcar la financiación de las Comunidades Autónomas por parte del Estado. Este pie en pared que han puesto muchos de los barones regionales hay que interpretarlo además como la gota que ha colmado el vaso de la paciencia entre gran parte del electorado socialista por las crecientes cesiones que el partido ha tenido que llevar a cabo para conservar un poder que no ha podido alcanzar en exclusiva por el resultado electoral.

El hecho diferencial de este acuerdo con los nacionalistas, y el que ha levantado a algunos dirigente regionales poco dados a mostrar en público sus discrepancias internas, es que atenta contra el principio de igualdad de todos los españoles y sobre todo el de solidaridad entre los territorios, dos de las premisas que rigen la ideología socialista. Nadie duda de que Salvador Illa es la mejor de la opciones para presidir la Generalitat, por su condición de no nacionalista y por su propio carácter y trayectoria, más dados al entendimiento que a la confrontación. Pero su investidura no puede ser a cualquier precio, algo que destacados dirigentes de la formación ya se han encargado de aclarar.

La verdadera prueba que va a determinar el alcance real de estas críticas será la votación de este nuevo sistema de financiación autonómica en el Congreso de los Diputados. Si, tal como es previsible, las bases de ERC dan el visto bueno a ese pacto, el siguiente paso lógico sería someter al Parlamento ese nuevo régimen fiscal de Cataluña y será en ese momento cuando los barones regionales tendrán que demostrar si apuestan por la coherencia tras sus críticas o se someten al dictado del aparato, lo que convertiría su rechazo en una mera pataleta. El problema para Pedro Sánchez es que el resultado de esa votación podría convertirse en una enmienda a la totalidad a la concatenación de cesiones que se ha visto obligado a aprobar para continuar en el poder y que va a tener que seguir haciendo para sacar adelante los próximos presupuestos, por ejemplo. Los pactos en democracia suponen un instrumento muy sano, siempre que no se conviertan en un chantaje o sirvan para que unas minorías impongan sus postulados a las mayorías.