La inversión en obra pública echará el freno en 2025

SPC
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La Cámara de Contratistas reconoce que se trata de una cifra inferior a la de 2024 pero permitirá al sector mantener la carga de trabajo y sus plantillas, aunque que sigue por debajo del mínimo de 3.000 millones

La inversión en obra pública echará el freno en 2025 - Foto: César Sánchez ICAL

La inversión en obra pública echará el freno en Castilla y León durante 2025, año en el que la Cámara de Contratistas calcula que rondará los 2.200 millones de euros. Se trata de una cifra ligeramente inferior a la de 2024, pero que sin embargo permitirá a las empresas del sector mantener la carga de trabajo y, por tanto, sus plantillas. No obstante, se quedará por debajo del mínimo de 3.000 millones que el sector demanda para las infraestructuras de la Comunidad. Todo ello se produce en un escenario incierto en lo político, sin presupuestos ni del Estado, ni de la Comunidad, que dificultan la planificación por parte del sector privado, según explicó a Ical el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, el empresario Enrique Pascual. Las cifras que manejan en su servicio de estudios indican que 2025 supondrá un pequeño retroceso para la inversión en obra pública.

«Tenemos todas las prevenciones del mundo, porque existe mucha inestabilidad en lo político, pero también en lo económico y en lo social. Esta volatilidad, con la posibilidad de que haya elecciones tanto en la Comunidad, como en el país, no auguran un año tan positivo como 2024», reflexionó el representante de los contratistas de Castilla y León. De esta forma, estiman que se licitarán unos 2.200 millones en 2025, una cifra elevada con respecto a otros ejercicios pasados, pero ligeramente inferior a la prevista para 2024, lo que supone interrumpir la tendencia alcista de los últimos tiempos. «No queremos dar un paso atrás ni para coger impulso», dijo Enrique Pascual, quien apostilló: «Siempre queremos más».

Los augurios no tan positivos para el nuevo año, sin embargo, no pondrían en apuros a las constructoras de Castilla y León que contratan con la administración obras. «Tenemos asegurada la carga de trabajo», dijo puesto que explicó las infraestructuras de la Comunidad requieren unas inversiones estructurales que no se pueden recortar aunque no haya nuevos presupuestos.

Sin embargo, la Cámara de Contratistas sí lanza un aviso a las administraciones –local, autonómica y central– puesto que advierte de que si no se incrementan los volúmenes de licitación no se podrá atender las necesidades del territorio. Además, su presidente señaló que los gobiernos han aprendido la lección de que el sector de la construcción es necesario mantenerlo porque es «muy intensivo» en mano de obra y un «proveedor de primer nivel» en materia de impuestos.

2024, sorpresa final

Por el contrario, la recta final de 2024 tenía guardada una sorpresas «positiva» para los contratistas de Castilla y León, pues al inicio del ejercicio las previsiones de la entidad eran «peores» respecto a cómo ha terminado el año. Esto ha llevado a actualizar la estimación de licitación, que alcanzará los 2.400 millones, una cifra similar a la de 2023, cuando se registraron 2.420 millones.

«Al principio de 2024 teníamos una previsión más moderada y más pesimista. Pensábamos que iba a ser un año difícil, pero en la segunda mitad ha sido mejor de lo esperado», expuso Enrique Pascual. No obstante, precisó que los 2.400 millones, a los que se unirán unos 1.900 millones adjudicados cuando se cierren los concursos públicos, no alcanzan los 3.000 que según la Cámara de Contratistas necesita Castilla y León.

Hasta noviembre, el avance provisional indican que se habían licitado ya 2.171 millones de euros, un 4,5 por ciento menos que en los once primeros meses de 2023. La administración central aportó el 52 por ciento, 1.117 millones, prácticamente igual que un año antes, mientras la autonómica sacó a concurso 654 millones, el 30 por ciento, y un 3,7 por ciento menos. La local, además, aportó 400 millones, un 18 por ciento, y un 15,2 por ciento menos.

Todo ello, según los informes que manejan los contratistas, tendrá impacto tanto en la conservación de carreteras autonómica, como del Estado, y en la promoción de vivienda para jóvenes, un «verdadero drama», según Enrique Pascual, que no se va a resolver a corto plazo pues entienden que las empresas están al 100 por 100 de producción y no pueden crecer de forma rápida.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Contratistas expuso que las empresas de la construcción siguen teniendo problemas para encontrar mano de obra y tampoco está siendo capaz de generar industria auxiliar que le de soporte para poder ganar tamaño y ampliar la actividad económica.