El magistrado del Tribunal Supremo (TS) que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, preguntó ayer al departamento de Informática de la Fiscalía General si formateó los móviles, anteriores o actuales, usados por el jefe del Ministerio Público y pidió también que se le entregue el terminal que utilizaba García Ortiz en las fechas de la supuesta filtración, así como una copia de la normativa interna sobre seguridad en la que éste se amparó para justificar que la Guardia Civil hallara «cero mensajes» en sus dispositivos.
En un auto dictado ayer, el juez Ángel Luis Hurtado acordó estas nuevas diligencias -dirigidas al departamento de Informática y al delegado de protección de datos de la institución- en el marco de la causa contra García Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por la revelación de secretos que denunció Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
En la misma resolución, descarta ampliar las pesquisas para investigar un presunto delito de prevaricación administrativa al considerar que la causa se encuentra en «un incipiente estado de investigación» que no permite apuntar «más allá» de un presunto delito de revelación de secretos.
A su vez, volvió a rechazar la citación de Pilar Sánchez Acera, la asesora de Moncloa que facilitó el correo relativo a González Amador al exlíder de los socialistas madrileños, Juan Lobato. Y desestimó la petición de citar «por ahora» a otros cargos y excargos que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tuvieron acceso al email antes de que se publicara en la prensa: el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés; el director de comunicación del PSOE, Ion Antolín; y la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada.
Respecto a las diligencias acordadas, Hurtado reclama al departamento de informática del Ministerio Público que precise cuántas veces ha cambiado de teléfono el fiscal general.
También le ordena remitir los dispositivos móviles entregados por García Ortiz desde el 7 de marzo de 2024 a la Fiscalía General del Estado; y que informe sobre si sus móviles anteriores han sido formateados. En caso afirmativo, pide la identidad de la persona que haya procedido al formateo y la fecha en la que esta operación se haya producido, así como el software utilizado.
A su juicio, dicha diligencia puede servir de «complemento» a la información que recaba el informe de la UCO de 3 de enero, en que se recogía que el fiscal general había cambiado de teléfono.
Sobre la petición que extiende al delegado de protección de datos del Ministerio Fiscal, solicita q copia de los protocolos o normativa interna en la Fiscalía General del Estado, relacionados con el uso de teléfonos móviles y de emails de todo tipo por los fiscales.