Contar con un asidero al que amarrarse, con una mano amiga, cuando se ha sido víctima de un delito supone siempre un alivio. En los juzgados españoles ese apoyo llega desde 1996 de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, que si bien están diseñadas para atender a todo tipo de víctimas, sea cual sea la naturaleza del delito que se haya sufrido, atienden en la mayoría de las ocasiones a víctimas de violencia de género.

En el caso de Ávila, el 86% de los usuarios este servicio fueron, hasta octubre de este 2024, casos de violencia de género, según los datos facilitados desde el Ministerio de Justicia por Mario García, responsable a nivel nacional de la Unidad de Asistencia a las Víctimas y coordinador de todas las oficinas de asistencia a las víctimas que dependen de este ministerio.

Ese porcentaje es muy similar a los registrados durante los últimos cinco años en las dependencias abulenses, que desde el año 2020  y hasta octubre del año pasado han atendido a 947 personas (192 de ellas este 2024 y la cifra más alta, 224, en 2023), entre víctimas de violencia de género o de otros delitos. Si bien, como comenta García, «en Ávila es mayor el volumen de víctimas de violencia de género en comparación con otras oficinas del país.

Cada una de esas víctimas recibe asistencia jurídica, psicológica o ambas, en función de sus demandas y necesidades, aunque son las consultas con la psicóloga las más solicitadas. Así, en estos últimos cinco años la oficina abulense ha llevado a cabo 3.706 asistencias psicológicas frente a las 1.196 jurídicas.

«Conviene dejar muy claro que en estas oficinas se atiende a toda víctima de cualquier tipo de delito, no son oficinas para atender exclusivamente a víctimas de violencia de género», insiste el responsable a nivel nacional de la Unidad de Asistencia a las Víctimas, que va un paso más allá. «Y no sólo a víctimas directas, sino también a víctimas indirectas: familiares y otras personas que no sean las víctimas que han sufrido el impacto o la victimización primaria a consecuencia del delito sufrido», dice y subraya otro punto: «no se necesita denuncia previa para acceder a las oficinas.Es un servicio público, gratuito y sin denuncia previa».

¿Y qé servicios ofrecen?, le preguntamos. «En primer lugar, apoyo desde el punto de vista jurídico, que es lo que hacen los gestores procesales y administrativos y apoyo. Pero también asistencia desde el punto de vista psicológico que es lo que hacen las psicólogas», vuelve sobre la idea.

Desde el punto de vista jurídico más general se facilita información a las víctimas, «siempre en un lenguaje asequible, sencillo, para que puedan comprender la información que se les va a facilitar sobre sus derechos y cómo ejercitarlos en el ámbito del procedimiento judicial». O simplemente información sobre cómo ejercer sus derechos si finalmente decide poner una denuncia en el caso de que no hayan presentado denuncia previa.

«También se les informa sobre el procedimiento de la interposición de la denuncia, dónde deben interponerla, orientación sobre su contenido y sobre su forma, así como de la tramitación de la denuncia en el juzgado. También del acceso a la justicia gratuita, de cómo puede solicitarlo, se les apoya en esa solicitud. Y se les informa sobre el estado de los procedimientos judiciales, cuando ya están iniciado», abunda García.

«Es fundamental también el acompañamiento de la víctima a lo largo del proceso». prosigue hablando.» Y se les hace un seguimiento independientemente del resultado del procedimiento, incluso atención psicológica o información sobre las ayudas económicas que les puedan corresponder, que es muy habitual en el ámbito de la violencia de género».

En cuanto al apoyo psicológico, García destaca también la ayuda en situaciones de crisis, por ejemplo a la hora de prestar declaración. «Y se realizan contactos de seguimiento telefónico, más allá de que se establezcan citas con las víctimas, para ver si necesitan ayuda o apoyo», dice.

Por otra parte, García da también importancia a la derivación a otros recursos en el caso de que las víctimas precisen cualquier otro tipo de ayuda que ya no sea competencia de las oficinas. «Nosotros podemos informar de una ayuda económica pero quien tiene la competencia de concederla es otro recurso que en la mayoría de los casos, en el caso de Ávila depende de la Junta de Castilla y León o de los ayuntamientos respectivos», apunta. En este punto, el coordinador nacional aclara que estas oficinas también atienden víctimas derivadas de otras administraciones. De hecho, esto podría estar detrás de esas elevadas cifras de víctimas de violencia de género atendidas en estas dependencias. «Pero seguro que también las víctimas usuarias, como llevamos bastantes años prestando atención a las víctimas de violencia de género conocen el recurso y son derivadas de otros recursos. Es un recurso que aunque está visibilizado todavía no se le conoce lo suficiente. Si se conociera más atenderíamos a un mayor volumen de otro tipo de víctimas, no sólo de violencia de género», concluye.

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