Más de 200 agricultores de Castilla y León, promovidos por las organizaciones Asaja y la alianza UPA-COAG, se han manifestado esta mañana en Arévalo ante la sede de la Harinera Vilafranquina y los almacenes de Octaviano Palomo para «exigir al Gobierno, las administraciones y a Europa que no se firmen acuerdos con países que no cumplan con las cláusulas espejo, que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria y la bajada de los costes de producción». Esta protesta sigue con la senda que iniciaron en octubre ante la Delegación del Gobierno en Castilla y León y que, como confirmaron los manifestantes, continuará en diciembre «ya sea a nivel provincial, regional o estatal». 

La concentración ha estado encabezada por los líderes de los tres sindicatos convocantes: Donaciano Dujo, presidente de Asaja Castilla y León; Aurelio González, presidente regional de UPA; y Lorenzo Rivera, coordinador de COAG en Castilla y León. Los convocantes comenzaron a llegar a partir de las 11,30 horas a la zona de reunión (el aparcamiento de la harinera), desde donde, tras protestar delante de la mayor productora de harinas de España, se desplazaron hacia la industria almacenista y vendedora de fertilizantes de Octaviano Palomo. La idea de los convocantes era hacer la marcha, de aproximadamente 500 metros, cortando la autovía A-6 (una vía que los agricultores ya bloquearon en marzo). Sin embargo, la rápida actuación y la negativa de la Guardia Civil, que desplegó un importante dispositivo de seguridad (incluso estuvo presente el teniente coronel de la Comandancia de Ávila, Gustavo Dorda) impidió cualquier atisbo de asalto hacia la carretera. La protesta se realizó con relativa normalidad y sin altercados, salvo por el hecho de que los manifestantes bambolearon en varias ocasiones la puerta de acceso a la industria (uno de sus responsables, con el portón abierto y con el acordonamiento de la Guardia Civil, se acercó a hablar con los agricultores).

Los cerealistas de la comunidad volvieron a mostrar su descontento por la actitud del Gobierno nacional, a quien culpan de la actual situación que vive el campo. «Nos trae aquí la baja rentabilidad de las explotaciones agrarias, los costes tan elevados que tenemos y los bajos precios que percibimos los agricultores», adelantó Donaciano Dujo. Las malas cosechas de los últimos años, ya fueran por la sequía o por los estragos del pedrisco, han provocado una situación muy mala para el sector. «De los 300 euros por tonelada que deberíamos recibir a los 200 euros en los que está el precio hoy, hemos dejado de percibir 500 millones de euros por culpa de los bajos precios. Antes una hectárea de cereal tenía unos costes de 500 euros, mientras que hoy está en casi 800 euros. Por tanto, para igualar los costes, deberíamos recolectar más de 3.500 kilos, una media que no es la de Castilla y León», explicó Donaciano Dujo. Un panorama que está provocando que los agricultores estén abandonando la producción de cereal para apostar por otros cultivos como el girasol o dejar las tierras en barbecho. «Trabajando nos estamos arruinando, porque el resultado económico es negativo y Castilla y León, que era el granero de España, va a dejar de serlo», afirmó el presidente regional de Asaja.

Los cerealistas se concentran para exigir la bajada de costesUna de las quejas de los productores cerealistas es el papel de los intermediaros, quienes, según las organizaciones agrarias, se lucran de esta situación («lo que pierden los agricultores, lo ganan los intermediarios», expusieron) con el apoyo del Gobierno. Lamentan que industrias como la Harinera Vilafranquina no protejan el sector productivo de Castilla y León y, en su lugar, compren la materia prima de otros países que no cumplen con las cláusulas espejo «y, luego ponen el sello de Tierra de Sabor. La Consejería debe inspeccionar, vigilar y prohibir estas prácticas porque son engañosas para el consumidor», exigió Dujo. 

Las demás organizaciones agrarias manifestaron la misma idea. Desde UPA adelantaron que los más perjudicados por la situación actual serán las explotaciones agrarias familiares, que están abocadas a la desaparición. «Si nuestros políticos siguen pensando que cuando no produzcamos aquí van a seguir trayendo productos de fuera a bajos precios, es que no saben ni de política ni de mercados», expresó Aurelio González. El presidente regional de UPA deseó que España, al igual que Francia y Polonia, se oponga al acuerdo de Mercosur, «que puede ser la puntilla para que desaparezcan las explotaciones agrarias y las de vacuno de carne». Lorenzo Rivera, coordinador de COAG, por su parte, reclamó al Ministro de Agricultura, Luis Planas, «que se aliee con Francia y con Polonia para vetar la firma del acuerdo con Mercosur, que nos traerá muchos cereales sin aranceles, que conllevará una bajada masiva de precios». Además, afirmó que la Harinera Vilafranquina «no es sostenible por la huella de carbono que dejan los barcos que transportan el cereal, ni crea empleo porque destruye el tejido productivo de Castilla y León».