CCOO Castilla y León presentó hoy su campaña de asesoramiento laboral a las personas trabajadoras en Glovo para brindar apoyo legal a los repartidores ante el anuncio de su contratación tras los pleitos judiciales de su CEO, Oscar Pierre. Desde la estructura confederal lanzaron esta propuesta para acompañar a todos los 'riders' durante este proceso, informándoles y explicándoles la ley.
Así lo detalló el delegado de CCOO Valladolid, Raúl García, en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que estuvo acompañado de la secretaria de Empleo y Migraciones de CCOO Castilla y León, Nieves Granados. En ella, explicó que Glovo vino trabajando "de forma fraudulenta" durante los últimos cuatro años, desde la entrada en vigor de la ley Rider, publicada en 2021 que reconocía a estos trabajadores por cuenta ajena "y cuando su consejero delegado se ha visto ante la justicia, la empresa ha decidido regularizar", explicó.
"No tenemos ninguna garantía de que el proceso de regularización se haga en las mejores condiciones, pero queremos poder a su disposición todas las sedes del sindicato, vamos a salir a las calles con mesas informativas y carpas, para que estos 'riders' puedan tener un sitio para informarse y estar protegidos actualmente', defendió García.
Desde CCOO denunciaron que esta empresa de reparto de comida a domicilio "no cumplió con sus obligaciones" al no dar de alta a sus trabajadores en la Seguridad Social, no pagar cotizaciones ni poner a su disposición los medios de locomoción, dispositivos tecnológicos, licencias o seguros necesarios para la realización del trabajo, que corren a cargo de los trabajadores por cuenta propia. De esta forma, se daba la situación de "falsos autónomos", y recaía "en el propio trabajador toda la carga tanto económica como de protección social".
"Hemos entendido siempre que era un modelo de esclavitud laboral", continuó García, trasladando que desde la publicación de la ley, Glovo ha contado con más de 200 millones de euros en sanciones. Desde el sindicato asumieron que "siempre hemos tenido un papel protagonista en la defensa de los derechos de estos trabajadores" y se posicionaron de su parte para intentar evitar "triquiñuelas" por parte de la empresa ante la ley.
Un ejemplo fue el de cómo, desde Glovo, intentaron eliminar los indicios de laborabilidad. El delegado del CCOO Valladolid explicó que uno de los aspectos de trabajo por cuenta ajena a los que se atenía la empresa es que el precio de entrega lo establece la aplicación, por lo que realizó una subasta a la baja para que los 'riders' compitieran entre sí para establecer este precio, según informa Ical.
Regularización de los empleados
Dentro de la regularización de estos empleados como trabajadores por cuenta ajena, García explicó que, existen 'riders' que llevan más de dos o tres años vinculados con la empresa trabajando a jornada completa, y que en el momento de ser dados de alta en la Seguridad Social, lo están haciendo a un diez por ciento de la jornada. Además, tampoco está aclarado el convenio al que pertenecen. Desde CCOO apuestan por incluirles en el de hostelería, dentro de la categoría específica de reparto de comida a domicilio, detallando salario, horario o complementos, entre otros, además de poner a disposición el medio de locomoción.
Por otro lado, en Castilla y León, Glovo cuenta con entre 800 y 1000 personas dadas de alta con cuenta personal, por lo que tanto todas ellas como los empleados que han trabajado con ellos en los últimos años, deben ver regularizada su situación en la Seguridad Social. Aquí, existe otro aspecto determinante, una "situación de esclavitud" al permitir la subcontratación de las cuentas hasta diez personas por parte de un falso autónomo. Algo que permite vincular a la empresa situaciones en situación irregular. De esta forma, en Valladolid estiman que haya unas 500 personas trabajando, pero únicamente 200 cuentas dadas de alta de manera legal.
"Es importante que todas estas irregularidades no queden impunes, parece mentira que en un país como el nuestro sigan sucediendo estos fenómenos a tan gran escala", trasladó Nieves Granados, quien señaló que "los abusos suceden cuando no conocemos nuestros derechos, principalmente con personas extranjeras". Por ello, defendieron establecer mecanismos de regularización de las personas extranjeras, para cualquiera que esté en esta situación, para que mediante vías como el arraigo laboral puedan conseguir un permiso de trabajo y residencia en España.