El 4 de septiembre, la Comisión Europea lanzaba una encuesta para que comunidades locales, científicos y partes interesadas aportaran, antes del 22 del mismo mes, su versión sobre las reglas de protección del lobo en la Unión Europea, sus poblaciones y su impacto en las regiones europeas donde está presente, en la mayor parte de las cuales ha aumentado el número de individuos en los últimos años. «Más de 17.000 correos electrónicos han llegado al buzón específico que se creó para esta consulta y ahora estamos estudiando todas las aportaciones con vistas a utilizar los datos científicamente válidos para el propósito de nuestra revisión», informó hace unos días el portavoz de Medio Ambiente de la Comisión, Adalbert Jahnz.

En base a los datos recopilados esas tres semanas de septiembre, la Comisión elaborará un informe sobre el estatus del lobo en la UE que prevé publicar a final de año y, en función de sus conclusiones, podrá presentar una propuesta para modificar las reglas de protección de esta especie y actualizar el marco jurídico, para introducir, cuando sea necesario, una mayor flexibilidad. Mientras tanto, Bruselas mantiene también contactos con los gobiernos comunitarios y las partes interesadas en esta cuestión a través del grupo de expertos creado a tal efecto.

En todo caso, desde el Ejecutivo europeo recalcan que es un asunto sobre el que trabajan desde hace tiempo y recuerdan que ya en noviembre de 2021 los comisarios de Medio Ambiente y de Agricultura, Virginijus Sinkevicius y Janusz Wojciechowski, respectivamente, recordaron en una carta a los estados miembros las medidas posibles en el marco actual de gestión del lobo. Los servicios comunitarios señalan así que se trataría de una revisión para completar las medidas actuales, que incluyen acciones «que han demostrado ser efectivas en la prevención o reducción significativa» del riesgo «cuando se aplican correctamente» y se ajustan a las circunstancias concretas de cada caso. El marco actual también prevé fondos comunitarios para la gestión de estas actuaciones.

El asunto es controvertido en distintos países, incluido España, y la propia Von der Leyen informó hace semanas de que había solicitado a sus servicios un «análisis en profundidad» sobre el impacto de la recuperación del lobo. Aquella toma de posición de la política alemana se produjo poco después de que, según relató más tarde la prensa de su país, un lobo matara un pony de su propiedad. Desde España, los gobiernos de Galicia, Cantabria, Castilla y León y Asturias se han dirigido en distintas ocasiones a Bruselas para reclamar que se revise la gestión del lobo como especie en protección especial dado que es una especie en «expansión constante» en estos territorios.

Sin embargo, el Gobierno español se alineó con otros 11 países de la UE a comienzos de este año para pedir en una carta al Ejecutivo comunitario garantizar la protección del lobo frente a una resolución del Parlamento Europeo en la que se reclamó cambiar el estatus de protección de lobos y osos para proteger al ganado de los ataques de estos animales.

Gestión.

Gran parte de la polémica que suscita la gestión del lobo proviene de la ausencia de datos reales de población desde el último censo, realizado hace ya una década. Mientras que cazadores y ganaderos afirman que aumenta en número y territorio ocupado, algo que los ataques y los avistamientos parecen confirmar, algunas organizaciones ecologistas sostienen lo contrario. Sin ir más lejos ASCEL (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico) sostenía que sus poblaciones han mermado al solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica que incluyera a la especie en el LESRPE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial). Dadas las circunstancias, este mismo Ministerio ha iniciado el procedimiento para elaborar un nuevo censo del lobo ibérico que determinará el estado de la especie y la posibilidad de flexibilizar su protección. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha explicado que cuando esté definida la situación de la especie «cualquiera» podrá solicitar su «reclasificación» aportando un informe científico motivado. «El resultado dependerá de que la situación de la especie haya mejorado, haya empeorado o se mantenga igual», ha puntualizado.

El Ministerio elaborará ese censo con los datos de las comunidades autónomas y después enviará un informe sexenal (el último es de 2019) a Bruselas, que tendrá que validar su contenido. «A fecha de hoy aún no hemos recibido la conformidad de colaboración de Cantabria, pero, no obstante, tenemos que seguir adelante con el proceso y, cuando se elabore el informe sexenal, se hará con los últimos datos disponibles», ha explicado. El último censo data de 2014 y, según el secretario de Estado, puso de manifiesto que el lobo estaba «en una situación desfavorable», lo que derivó en su inclusión en el LESRPE. «La situación de las especies silvestres es dinámica y nunca es igual», ha incidido Morán, antes de apuntar que el proceso «tiene que ser homogéneo en todo el país» y requiere de cooperación entre las comunidades autónomas porque algunas manadas de lobos se mueven por varias de ellas.

Aumento de los ataques.

El lobo fue incluido en el LESRPE en septiembre de 2021, fecha a partir de la cual su caza quedó prohibida en todo el territorio nacional. Según COAG, de 2021 a 2022 los ataques aumentaron un 19% en España, pasando de 10.560 a 12.898. A falta de la realización del censo, este aumento invita a pensar que la especie está creciendo. Y datos como el de La Rioja, que, según la organización agraria, multiplicó por cuatro los casos (de 159 a 649) y vio más comarcas afectadas, parecen evidenciar que también está colonizando nuevos territorios.