La Junta de Castilla y León presentará finalmente un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para reclamar al Ministerio de Hacienda 210 millones de euros de la liquidación del modelo de financiación de 2022, para que se cumplan el principio de lealtad institucional, ya que entiende que el Gobierno adoptó acuerdos que tuvo que pagar la Comunidad, sin financiarlos.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, explicó en Los Desayunos de Ical, que ya está autorizada la presentación del recurso, una vez que el Gobierno contestó negativamente a un requerimiento previó el pasado 8 de noviembre. "Castilla y León va a defender sus intereses", dijo Carriedo.

Cabe recordar que el Consejo de Gobierno del 17 de octubre, autorizó que se formalizara el requerimiento para alcanzar un acuerdo antes de acudir a la vía judicial, en defensa del interés general de la Comunidad, para una adecuada financiación de sus servicios públicos y por la exigencia del adecuado cumplimiento del principio de lealtad institucional que establece la LOFCA, según informa Ical.

Carriedo centro sus críticas en la falta de lealtad institucional del Gobierno, ya que adopta decisiones de forma unilateral, que afectan a los gastos y los ingresos de las autonomías "sin realizar las aportaciones necesarias" para compensarlos. "Si alguien adopta una decisión sin contar con los afectados debe garantizar la financiación", razonó, para exigir que se establezcan mecanismos para que se negocie con las autonomías cuando se adopten medidas que afecten a sus ingresos o gastos y también de compensación frente a estas decisiones unilaterales.

"Vemos habitualmente cómo toma medidas el Gobierno en sanidad, educación y servicios sociales que no son de su competencia y como es legislación básica, debemos llevarlas a cabo con un coste y nadie nos compensa. Con los ingresos pasa lo mismo si se reducen tributos o se modifican", dibujó. Aseveró que si toma esas decisiones debe compensarlas, como establece la LOFCA. "Pedimos eso", resumió.

Carriedo lamentó que tengan que acudir de nuevo a la vía judicial para defender los intereses de la Comunidad, como ocurrió, recordó, con el IVA de 2017, cuando el mismo tribunal al que ahora recurren, obligó al Gobierno a devolver 182 millones a Castilla y León y abrió las puertas a la reclamación por el conjunto de autonomías.