La familia de Manuela Rubiano, natural de El Tiemblo y que falleció el pasado 18 de enero a los 87 años, ha presentado una denuncia contra la residencia municipal San Antonio de esta localidad por «falta de información y cuidados». 

Según Miriam Martín, nieta de la fallecida, su abuela, que padecía demencia pero cuyo estado de salud en general era estable, entró en la residencia de este municipio el pasado 6 de agosto con la mala suerte, relata la joven, de que un día después de su ingreso se cayó, rompiéndose la cadera. Tras la operación, prosigue su nieta, Manuela regresó a la residencia donde sin embargo, asegura, «no le retiraron los puntos a tiempo» lo que hizo que tardara en empezar la rehabilitación. Para colmo, continua narrando Miriam, aún sin empezar  a caminar su abuela protagonizó varios ingresos hospitalarios por «deshidratación e infecciones urinarias, que creemos se debieron a la falta de higiene», lo que llevó a que finalmente Manuela perdiera por completo la movilidad. 

La perdida de movilidad, asegura la joven, provocó escaras en uno de sus talones que se fueron agravando hasta el punto, como demuestran fotografías aportadas por la familia, de llegar incluso a verse el hueso. «Te acercabas a ella y olía a podrido», lamenta la nieta que sin embargo asegura que desde la residencia no les informaron de esta cuestión hasta el día de Nochebuena cuando su abuela «lloraba y se quejaba». Ahí fue cuando se enteraron. Pese a esto, asegura Miriam, desde la residencia hicieron caso omiso a las heridas por cuanto al no contar el centro con enfermería propia, más allá de los servicios que presta el personal del centro de salud de El Tiemblo, las curas no se realizaron con frecuencia ya que el servicio de enfermería se presta «una vez a la semana». Además, aseguran los familiares de la anciana, desde el centro residencial «no se tuvieron en cuenta las recomendaciones de un informe del hospital» que para evitar que la escara se agravara señalaba que no había que calzar a la mujer. «Un día fuimos y tenía una deportiva puesta», afirma la joven que asegura que en esta residencia su abuela estaba «como un mueble». Tanto, dice, que un día al visitarla la encontraron «con la cabeza apoyada en una mesa» y otro, con ella en el reposa brazos de la silla, lo que le produjo «una tortícolis».  

La familia, que asegura que incluso llegaron a confundir la medicación de su abuela «con la de otra residente de mismo nombre», decidió que Manuela cambiara de residencia, consiguiendo plaza en un centro residencial de Madrid a donde se trasladó el 30 de diciembre y donde, asegura Miriam, «se sorprendieron» del estado en el que llegaba su abuela. «Menos mal que teníamos informes del hospital sino hubieran dudado si mi abuela era víctima de maltrato doméstico», asegura con tristeza esta joven al hablar del estado con el que llegó la anciana, que murió 19 días después. 

«No falleció de las heridas, pero eso contribuyó a su muerte porque la infección se generalizó», asegura Miriam que apunta que la solución hubiera sido operar pero que debido a la edad y estado de salud de su abuela la operación se desaconsejó porque «no hubiera soportado la anestesia». 

«La residencia nueva nos hizo informes de cómo llego y no se creían que viniera de otra residencia», dice la nieta de Manuela que junto al resto de la familia ha denunciado «por falta de información y de cuidados» a la residencia municipal San Antonio de Padua de El Tiemblo, centro que cuenta con 47 residentes y 23 trabajadores. 

inspección. «Apostamos por la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos», asegura al ser preguntado por esta denuncia Arturo Varas, el alcalde de El Tiemblo, que está a la espera de conocer el informe de la inspección que, tras la denuncia de la familia, ha realizado la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. 

Podemos Pinares-Alberche se ha hecho eco de esta denuncia instando a «tomar medidas que garanticen el bienestar de los usuarios» y a investigar, si procede, «si la empresa adjudicataria está cumpliendo los pliegos de condiciones que figuran en la licitación» para, en caso contrario, exigir «la recuperación de la gestión pública».