A principios de año se reunió por primera vez la Mesa de Diálogo Social para la reducción del tiempo de trabajo en España, una medida acordada entre el PSOE y Sumar que tiene como objetivo reducir la jornada laboral ordinaria, que desde que se aprobó, hace 41 años, el Estatuto de los Trabajadores establece en 40 horas semanales, hasta las 37,5 horas. Aunque a finales de junio el Ministerio de Trabajo dio un ultimátum a la patronal para llegar a un acuerdo, que en un primer momento pasaría por reducir la jornada este 2024 a las 38,5 horas a la semana, los empresarios no están de momento por la labor de aceptar esta medida y reclaman una entrada en vigor escalonada de la reforma.
De llegar a ese acuerdo, algunas fuentes apuntan que esta modificación de la jornada laboral podría afectar a más de 12 millones de personas que trabajan actualmente a 40 horas semanales en el sector privado. En el caso de Ávila ni sindicatos ni patronal saben precisar cuántos trabajadores verían reducida su jornada si se aprueba esta medida propuesta por el Gobierno. Eso sí, tanto desde CCOO como desde UGT coinciden en apuntar que los principales sectores afectados por esta reforma serían servicios y agricultura que, precisamente y sobre todo el primero, son los que más peso tienen en esta provincia, con lo que la medida tendría especial incidencia en Ávila. Así, de llevarse a acabo esta reforma la medida afectaría, entre otros, a los trabajadores abulenses vinculados a los convenios colectivos tanto de comercio como de hostelería de Ávila, que en ambos casos establecen una jornada máxima de trabajo de 40 horas semanales.
«Nuestro mercado de trabajo es muy dependiente del sector servicios», precisa Óscar García, secretario provincial de CCOO Ávila, que indica que en servicios esta medida es donde tendrá un «impacto mayor» y también en lo que respecta a control de horarios. Eso sí, indica García que hay que tener en cuenta que durante los últimos años la negociación colectiva ha conseguido que muchos convenios ya contemplen jornadas laborales por debajo de las 40 horas semanas que establece el Estatuto de los Trabajadores, lo que ocurre prácticamente con todos los convenios de ámbito nacional y de empresa. Por ese motivo, entiende el responsable provincial de CCOO que a priori la perseguida reducción de la jornada laboral a 37,5 horas afectaría principalmente a aquellos trabajadores que están sujetos a convenios provinciales que se han ido negociando y renovando sin incorporar esta reforma y que mantienen la jornada de 40 horas semanales. Y es que, señala el sindicalista, desde hace tiempo la reducción de las horas de trabajo es una demanda que los sindicatos están poniendo sobre la mesa en las negociaciones colectivas y de hecho algunos de los convenios que se están negociando en estos momentos ya incluyen esta propuesta sindical.
Pese a ser el tema del que más se está hablando, para el responsable de CCOO la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas también debe ir acompañada de otras medidas. «Para que la aplicación de la reducción de la jornada laboral sea efectiva y tenga los efectos proyectados requiere de una limitación de horas extra», señala el sindicalista que apunta que la reforma debe venir acompañada de una ley de usos del tiempo y por un refuerzo de los mecanismos de control de la Inspección de Trabajo, máxime, dice, «teniendo en cuenta, como apunta el INE, que en España al año se hacen seis millones de horas extraordinarias de las cuales tres millones no se pagaron».
También apoyan la reforma impulsada por la ministra de Trabajo desde UGT donde recuerdan que los sindicatos al final del mandato abogan por las 35 horas que ya tienen los funcionarios y empleados públicos. Pese a todo, Javier García, secretario provincial del sindicato en Ávila, reconoce que la reducción de la jornada laboral no afecta por igual a todos los sectores. Por eso, defiende que una vez se apruebe esta reforma, si se aprueba porque tiene que pasar por el Congreso, habrá que acordar mediante la negociación colectiva y en los diferentes convenios cómo se va a llevar a la práctica. «Hay muchas cuestiones en el aire», reconoce el sindicalista quien coincide con su homólogo de CCOOen que de aprobarse la reforma afectará principalmente a los convenios provinciales.
patronal. «No es una negociación, es una imposición», deja muy claro por su parte Diego Díez, presidente de CEOE Ávila, al hablar de una reforma que, recuerda, formaba parte del compromiso electoral del Gobierno y que, dice, no tiene en cuenta la realidad de las empresas.
Díez critica además que esta reforma hace daño a la negociación colectiva que es, recuerda, el vehículo con el que sindicatos y empresa llegan a acuerdos laborales. «El Estatuto de los Trabajadores marca ese máximo de 40 horas pero hay infinidad de convenios colectivos por debajo y de empresas y sectores que se pueden permitir tener menos horas y lo hacen», apunta el portavoz de la patronal abulense antes de precisar que hay «sectores que no se lo pueden permitir», recordando además que el 90 por ciento del empresariado de nuestro país está formado por pequeñas y medianas empresas y autónomos.
«Quizás en Madrid un comercio se lo pueda permitir pero para un comercio en Ávila es inviable hacer otro contrato para esas horas», pone como ejemplo el presidente de CEOE que defiende que este tipo de cuestiones no deberían imponerse sino negociarse entre empresa y sindicatos porque hay infinidad de casos y de casuísticas y, además, no todas las provincias son iguales.